Sánchez cede ante Junts al obligar a las grandes empresas a atender en catalán en toda España
El Congreso de los Diputados ha llegado a un acuerdo para introducir en la reforma legal que obligará a los trabajadores de la grandes empresas a atender al cliente en catalán, o en su defecto en cualquier lengua cooficial, las enmiendas presentadas por Junts que obligarán a los trabajadores de las empresas que superen los 250 trabajadores o que facturen más de 250 millones de euros anuales independientemente de donde se encuentren ubicadas.
En este sentido, las enmiendas han sido incorporadas al cuerpo de la ley y a diferencia de lo que se esperaba se votarán de manera conjunta en el [[LINK:TAG|||tag|||63361ae21e757a32c790c6a7|||Congreso de los Diputados ]]o a finales del mes de octubre a en los primeros compases de noviembre. Desde la formación secesionista se ha celebrado la inclusión de las demandas de Junts, recordando que "protegen las competencias de Cataluña en materia de consumo y preservan los derechos lingüísticos de los catalanes".
Con este primer paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termina con las versiones contradictorias señaladas el pasado mes de septiembre, con las que la portavoz de la formación secesionista, Miriam Borras, señalaba que se extendería a toda España. En contraposición, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, señaló que la normativa solamente tendría validez en los territorios donde las lenguas cooficiales sean reconocidas. "Está en negociación y la voluntad es garantizar el uso de las lenguas cooficiales donde sean reconocidas como tales (y no en todo el territorio español)", sentenció.
Ahora a la espera de que se presente ante el Congreso, será aplicada en todo el país. Eso sí, en el caso de que no se consigan todos los apoyos necesarios, las reclamas de Junts quedarán en papel mojado, aunque es verdad, que será una votación diferente a la que se espera para aprobar el embargo de armas mañana.
Las empresas afectadas por el acuerdo entre Junts y el PSOE
La nueva concesión del presidente del Gobierno a los independentistas supone nuevos gastos para las empresas o en su defecto para los trabajadores que deberán invertir en aprender la lengua. A diferencia de las percepciones de la entidades, desde los miembros de Junts se señala que el cambio "supone un cambio de paradigma" con el que "se pone por delante el derecho del consumidor", sin que el uso del catalán dependa de la buena voluntad de la empresa o de la ubicación territorial.
En este sentido, la formación ha facilitado un listado con las entidades que deberán cambiar sus hábitos. Se encuentran las corporaciones dedicadas a los servicios básicos del hogar -luz, gas, agua o teléfono-; los servicios públicos como las aerolíneas, ferroviarias o los conductores de los autobuses.
De la misma manera, los trabajadores de Correos, las entidades financieras o los empleados de las aseguradoras deberán aprender las nociones básicas de la lengua. Independientemente del sector, las empresas que cuenten con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anuales se verán afectadas.