Oficialismo presenta AC contra el juez Antonio Ulloa por sus vínculos con el caso Audios
La tarde de este martes, parlamentarios oficialistas de la Cámara de Diputadas y Diputados presentaron formalmente una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La acción busca su destitución, luego de que se conocieran sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el caso Audio, investigación que reveló presuntas redes de influencia entre juristas, empresarios y funcionarios públicos.
La ofensiva parlamentaria surge tras la decisión de la Corte Suprema, que resolvió mantener a Ulloa en su cargo, pese a que el magistrado había sido objeto de un proceso disciplinario por su relación con Hermosilla. Este fallo generó malestar en el oficialismo, que denunciaron falta de transparencia y debilidad en los mecanismos de control interno del Poder Judicial.
Ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Foto: Aton.
Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri, uno de los impulsores de la acusación, afirmó que “la justicia merece una limpieza y no puede seguir manchada por estas redes oscuras (…). Esperamos que todos los parlamentarios en este Congreso apoyen esta acusación constitucional”.
Manouchehri agregó que se trata de “una acusación política, pero no con tintes partidistas ni electorales. Al contrario, es una acusación que esperamos que pueda unir a todos quienes creen en una justicia imparcial y tribunales capaces de unir a los chilenos”.
La acusación constitucional fue firmada por un grupo transversal de parlamentarios del oficialismo, entre ellos: Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Juan Santana, Leonardo Soto, Marcos Ilabaca y Ana María Bravo (PS); Camila Musante (IND-PPD); Boris Barrera (PC); Eric Aedo (DC); Luis Malla (PL); Rubén Oyarzo y Cosme Mellado (PR); y Javiera Morales (FA).
Desde el oficialismo remarcaron que esta acusación no solo apunta a las presuntas faltas de probidad del juez Ulloa, sino también a la necesidad de restablecer la confianza pública en la justicia y marcar un precedente frente a eventuales conflictos de interés dentro del Poder Judicial.