El CGPJ rechaza anular los acuerdos que inhabilitaron a Baltasar Garzón como juez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado inadmitir «por carencia manifiesta de fundamento» la petición del exjuez Baltasar Garzón de anular los acuerdos que en 2012 decretaron su expulsión de la carrera judicial tras su inhabilitación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el 'caso Gürtel'. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la decisión ha sido adoptada por el Pleno del CGPJ al considerar que mientras la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó «no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula», la resolución es válida y su cumplimiento es obligatorio. La pretensión de Garzón desestimada este miércoles se basaba en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 13 de julio de 2021 que declaró que la sentencia del Supremo violó los derechos fundamentales del exmagistrado . Así las cosas, se mantiene vigente el acuerdo de la Comisión Permanente de 20 de febrero de 2012 –ratificado por acuerdo del Pleno de 23 de febrero de 2012– que declaró la pérdida de la condición de miembro de la carrera judicial de Garzón en cumplimiento de la sentencia del Supremo. El alto tribunal le condenó como autor de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, a la pena –entre otras– de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado por tiempo de once años, con pérdida definitiva del cargo que ostentaba. Con todo, cabe recordar que en paralelo el pasado agosto la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió al tribunal que instase al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la «reparación integral» de Garzón. El fiscal Manuel Campoy presentó dicha solicitud al entender que se vulneraron los derechos fundamentales del exjuez al condenarle a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal reclamó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que condenase a la Administración Pública a «borrar y eliminar los antecedentes penales» de Garzón y a «adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».