El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Pag e, ha reafirmado este miércoles su defensa de la tauromaquia como una seña de identidad cultural profundamente arraigada en la sociedad española. Durante la inauguración del Centro de Interpretación de la Dehesa 'Dehesón del Encinar', en Oropesa (Toledo), Page ha valorado en positivo el giro del Gobierno central respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba limitar o eliminar espectáculos taurinos, asegurando que se ha producido una «rectificación inteligente». «Me alegro, no se imaginan hasta qué punto, de que por una vez nos hayan hecho caso en Madrid», ha expresado el presidente autonómico, aludiendo directamente a un cambio de criterio en el seno del Ejecutiv o nacional. En sus declaraciones, ha criticado que decisiones sobre elementos culturales como la tauromaquia «no pueden depender del capricho de un ministro» , sino que deben surgir del consenso social. «La cultura es una manifestación social. No puede ser ni impuesta ni prohibida en un régimen democrático», ha afirmado. Page ha defendido que sean los propios ciudadanos quienes determinen el futuro de las tradiciones culturales, como la caza o los festejos populares, mediante su participación o rechazo. En este sentido, ha abogado por una postura de respeto y libertad. «La gente tiene que decidir si tiene que haber o no festejos populares, acudiendo o no acudiendo a ellos , reclamándolos o no reclamándolos», ha dicho. Para el presidente castellanomanchego, fenómenos como la tauromaquia forman parte del «devenir de los fenómenos culturales y sociales», por lo que los poderes públicos deben «amparar, pero en todo caso, no estorbar». Además de defender la tauromaquia, Page ha puesto en valor el papel de Castilla-La Mancha en la preservación de elementos identitarios propios, como la pureza de razas autóctonas y las prácticas tradicionales del mundo rural. «Es una seña de identidad que aquí se ha preservado y que se aporta a la sociedad española», ha sostenido, para añadir que los poderes públicos «casi tendrían la obligación» de proteger las identidades culturales y las inercias sociales que vertebran el país.
