Parlamentarismo de facto, por Eliana Carlín
A seis meses de las elecciones generales de 2026, la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el 9 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión en la crisis de gobernabilidad. Lejos de ser un acto de rectificación política, esta decisión revela los cálculos de una coalición parlamentaria que, tras haber sostenido un gobierno cuestionado por ineficacia y acusaciones de corrupción desde diciembre de 2022, busca reposicionarse electoralmente. La designación de José Jerí como presidente, bajo la sombra de una denuncia por violación archivada, consolida un parlamentarismo de facto que profundiza la erosión de la institucionalidad.
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Desde julio de 2025, la imposibilidad legal de Boluarte para disolver el Congreso liberó a los partidos cogobernantes –Fuerza Popular, APP y Avanza País, entre otros– de la amenaza de perder sus escaños. Durante este período, los beneficios derivados del control político, como el acceso a cargos públicos y contratos estatales, incentivaron su apoyo al Ejecutivo.
Sin embargo, la creciente desaprobación ciudadana, reflejada en encuestas y eventos críticos recientes como el atentado contra la orquesta Aguamarina y la agresión al periodista Phillip Butters en Juliaca, precipitaron la vacancia. Estos incidentes, particularmente el segundo, actuaron como un termómetro del descontento social, alertando a los partidos sobre el riesgo de perder su inscripción electoral en 2026 si mantenían su respaldo a Boluarte.
La elección de José Jerí, un congresista con procesos y antecedentes penales archivados, no es un accidente, sino el resultado de un acuerdo deliberado para garantizar la continuidad del poder de la mayoría parlamentaria oficialista. Las denuncias contra Jerí lo convierten en una figura vulnerable, incapaz de desafiar a los partidos que desde el Congreso lo respaldan.
Este escenario configura un parlamentarismo de facto, donde el Ejecutivo queda subordinado a los intereses de una coalición que prioriza su supervivencia política sobre la gobernabilidad. La ausencia de una censura previa a la Mesa Directiva, que habría permitido elegir a un presidente con mayor legitimidad, evidencia la falta de voluntad para restaurar la confianza ciudadana.
La vacancia no absuelve al Congreso de su complicidad con un gobierno que ha sido señalado por frivolidad y corrupción. La ciudadanía, movilizada por la Generación Z y bloques estudiantiles, ha reactivado las protestas, con una marcha nacional convocada para el 15 de octubre de 2025. Estos movimientos reflejan un rechazo estructural a un sistema político que instrumentaliza instituciones democráticas como trampolines electorales, perpetuando la desconfianza en el proceso electoral de 2026.
El ascenso de José Jerí no es un nuevo comienzo, sino la continuidad de un sistema político que negocia la gobernabilidad por prebendas y poder. Las calles de Perú exigen una refundación. ¿Permitirá la ciudadanía que este parlamentarismo de facto defina el futuro del país, o será 2026 el año en que el voto castigue la traición a la voluntad popular?