Casi la mitad de los autónomos aún desconoce el nuevo sistema de facturación electrónica obligatoria
Hace ya unos meses, a finales de mayo, Hacienda activó VeriFactu, el nuevo sistema de facturación electrónica que pondrá fin a las facturas que pueden modificarse sin dejar rastro. La normativa establece que a partir del 1 de enero de 2026 las sociedades limitadas, anónimas u otras formas societarias que cumplan los requisitos establecidos estarán obligadas a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. Para los trabajadores autónomos, la obligación se extenderá a partir del 1 de julio del mismo año. No adaptarse al sistema puede acarrear sanciones de hasta 150.000 euros por ejercicio fiscal.
Pese a ello, a pocos meses de su entrada en vigor, el nuevo sistema de facturación es desconocido para casi la mitad de los autónomos y pymes españolas. Así lo muestra una encuesta realizada por Legálitas Negocios.
La infraestructura técnica que permite la emisión y validación de facturas en tiempo real ya está plenamente operativa, pero todavía un 25,4% de los encuestados reconoce no haber iniciado aún el proceso de adaptación, confiando en que "aún hay tiempo". Solo un 27,4% de los empresarios afirma conocer el sistema y estar ya implantando VeriFactu, lo que evidencia el "desconocimiento generalizado y la falta de preparación del sector" ante una reforma que transformará el modo en que las empresas y los autónomos emiten y comunican sus facturas a la Agencia Tributaria, señalan.
¿Para quiénes será obligatorio VeriFactu?
La obligación de implementar VeriFactu afectará a todas las empresas y autónomos establecidos en España que estén obligados a emitir facturas, utilicen sistemas informáticos de facturación y cumplan las siguientes condiciones:
- Que no facturen exclusivamente de forma manual.
- Que no estén adscritos, de forma obligatoria o voluntaria, a las exigencias del Suministro Inmediato de Información (SII).
- Que no tengan su domicilio fiscal en la comunidad autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra.
- Que no dispongan de alguna resolución en vigor de no aplicación que les exima de cumplir con VeriFactu.
Sanciones por la no adaptación
Cualquier empresa o profesional que no implemente VeriFactu dentro del plazo establecido podrá enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, que podrán ascender a 150.000 euros en caso de desarrollar o distribuir programas ilegales. Además, la Agencia Tributaria podría reforzar los controles e inspecciones sobre quienes no se adapten, con el consiguiente riesgo de sanciones y problemas fiscales adicionales.
Además de las sanciones económicas, no adaptarse a tiempo podría provocar rechazos de facturas, retrasos en los cobros y problemas operativos por incompatibilidades de software. También puede afectar a la imagen y la reputación del negocio, especialmente entre quienes trabajan con grandes empresas que ya exigen el cumplimiento de la nueva normativa.