La promesa del exministro Escrivá de alcanzar los 10 millones de trabajadores con planes de pensiones de empresa para 2030 está hoy más lejos que nunca. En 2022 apenas existían 1,9 millones de partícipes, y en 2025, tras tres años de tímidos avances, solo se han sumado un millón más. El impulso más significativo ha venido del sector de la construcción y los autónomos, pero la cifra sigue siendo raquítica: apenas un 15 por ciento de los ocupados tiene acceso a este instrumento. El Gobierno, en lugar de estimular el ahorro, ha castigado los planes individuales, reduciendo el límite de aportación anual de 8.000 a 1.500 euros. Aunque ha elevado el de los planes de empresa, mantiene una fiscalidad disuasoria: al rescatarse, tributan como rentas del trabajo, con tipos de hasta el 50 por ciento, en lugar de como rentas del ahorro. Mientras Europa exige resultados y el sistema público se endeuda, España recorta el ahorro privado. El resultado: fracaso rotundo, y otro compromiso roto con Bruselas.
