El juez Peinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado prorrogar hasta abril de 2026 la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, al tener “numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver”.

Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid precisa que la prórroga de seis meses empezará a contar “a partir del 16 de octubre de 2025”, es decir, se alargará hasta el 16 de abril del próximo año. La jubilación de Peinado está prevista para septiembre de 2026.

Ese día se cumplirán dos años de una causa que nació tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y que, en este tiempo, ha sumados más delitos y más imputados: su asesora, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Entre las diligencias pendientes, según explica Peinado en su auto, figuran un informe de la UCO sobre los convenios de la Universidad Complutense de Madrid sobre el máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en relación con otros convenios de creación de otras cátedras extraordinarias. También ha pedido a la Escuela de Gobierno de la Universidad y a Amazon que remitan los correos asociados a los dominios del máster, y a Presidencia del Gobierno que informe de las personas que han desempeñado el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018.

En la misma resolución el juez asegura que ya ha recibido el aviso de la Audiencia Provincial de Madrid de que la investigación a Gómez debe realizarse en el marco de una única pieza -porque todos los delitos mencionados están conexos- y no se debe desgranar el delito de malversación, como acordó el pasado marzo.

La Audiencia de Madrid consideró que, al dividir la causa, Peinado actuó de forma “prematura e inmotivada”. Y que la resolución por la que acordó abrir una pieza separada para investigar el delito de malversación no incluyó ni una “descripción mínima o sucinta” de los hechos. Por el momento, el procedimiento se seguirá tramitando por la ley del Tribunal del Jurado a expensas de que la Audiencia decida sobre los recursos presentados por las defensas sobre esta cuestión.