El canon educativo, por Percy Mayta-Tristán
La mejor forma de asegurar la calidad universitaria en el Perú es reforzando a la universidad pública. Pues al elevar la calidad de las públicas, las universidades privadas deben hacer una mayor inversión para estar a la altura de ellas y justificar la necesidad de un pago por un mejor servicio educativo. Sin embargo, Perú es el único país de la región donde las universidades públicas producen menos ciencia que las privadas; de hecho, las privadas hoy ya duplican la producción de las públicas.
Según denunció la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), el presupuesto 2026 sería 300 millones de soles menor que el de 2025 para las universidades públicas, con una caída por segundo año consecutivo. Esto sin contar, además, el incremento de 35 universidades nuevas (con avidez de presupuesto) por capricho del Congreso y con respaldo del Ejecutivo. Es decir, reducen el tamaño de la torta y aumentan el número de comensales, por lo que la porción será cada vez más pequeña, teniendo como consecuencia una pauperización de la universidad pública.
Implementar nuevas universidades tiene un costo altísimo. Por ejemplo, si evaluamos universidades públicas relativamente jóvenes como la de la Frontera (Sullana), la de Huanta o la de Quillabamba, en promedio el Estado paga más del doble por estudiante que uno que estudie en San Marcos, la Agraria o la UNI. Es decir, siguiendo la lógica de escala, le conviene al Estado ampliar la oferta educativa de universidades consolidadas que generar nuevas.
En este contexto de desfinanciamiento de la universidad pública, hay una medida a corto plazo que puede compensarlo. Actualmente, un grupo de universidades de regiones recibe un ingreso extra a través del canon minero, que es el 50 % de la renta percibida en su región. Cualquier intento por compartirlo con universidades de otras regiones terminaría en huelgas, por lo que universidades de regiones como Lima no tienen acceso a ese financiamiento adicional.
A pesar de que algunos argumentan que las universidades privadas no pagan impuestos, en 2024 estas pagaron más de 1.500 millones de soles a la SUNAT, según comunicó en redes el director ejecutivo de la ANUPP, quien manifestó en LinkedIn que están presentando una propuesta al Ejecutivo para incluir en la ley de presupuesto de 2026 una especie de “canon educativo”.
Si el impuesto que pagan las universidades privadas se transforma en un canon educativo, es decir, si el 50 % de la renta percibida no va al presupuesto nacional, sino directamente a las universidades públicas de la región donde se originó la renta, se incrementaría el presupuesto para las públicas. Además, sería una medida particularmente justa, pues las universidades de Lima (UNMSM, UNI, UNALM) no reciben canon minero y con ello podrían incrementar sus recursos, que, siguiendo la normativa del canon minero, estarían priorizados para el desarrollo de investigación pertinente a sus entornos.
Más interesante aún es que esta propuesta ha sido también mencionada por la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) en una mesa técnica de CAPES, pues es una forma directa de apoyo a la universidad pública. A medida que crecen las privadas, le dan mayor soporte a las públicas para que puedan ir a un ritmo similar, sobrellevando así las vicisitudes de la inestabilidad política —permanente— que podría no priorizarlas.
Finalmente, solo mejorando la universidad pública mejoraremos todo el ecosistema universitario peruano. Ojalá los cambios políticos actuales no frustren este objetivo.