El reloj del poder: la Corte sin sucesor

El plazo para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) vence este 13 de octubre. Varias convocatorias se suspendieron la semana pasada, lo que mantiene en incertidumbre la transición en el Organismo Judicial (OJ). El proceso permanece bloqueado por divisiones internas y presiones externas.
Por qué importa. La elección del presidente de la CSJ no es solo un trámite administrativo. Define el rumbo del sistema judicial por la incidencia directa que tendrá en la elección del fiscal general y en otros procesos de comisión de postulación.

• Este factor modificó la correlación de fuerzas entre los grupos de magistrados encargados de designar al nuevo titular. Se dice que el grupo minoritario perdió un integrante.
• Todo apunta a que Teódulo Cifuentes concluirá su mandato sin que el pleno alcance acuerdos sobre su sucesor. Las convocatorias se suspendieron por ausencia del magistrado Estuardo Cardenas.
• El domingo fueron convocados a pleno, pero fracasaron los acuerdos. De no elegirse, el vocal I, Carlos Lucero Paz, asumiría de manera interina. Como ocurrió en 2024, por las mismas circunstancias.

En el radar. La CSJ ha estado dividida en dos grupos. Sin embargo, se dice que se fragmentó en cuatro. Lo que refleja alianzas políticas y afinidades personales. Todos buscan controlar la presidencia y las cámaras.

• El “grupo de los ocho”, que es vinculado a operadores externos, como Nester Vásquez, mantiene la mayoría. Flor García Villatoro —apoyada por Roberto López Villatoro—, recientemente incorporada, refuerza este bloque.
• El grupo disidente, encabezado por Carlos Lucero Paz, aboga por procesos de elección públicos. Con la salida de García Villatoro este grupo se debilitó y se quedó con cuatro integrantes.
• Este bloque lo integran Estuardo Cárdenas, Flor de María Gálvez y René Girón Palacios. Al grupo se le vincula con Estuardo Gálvez —exrector de la USAC—, operador político tradicional.

Entre líneas. Los nombres que suenan para ocupar la presidencia no escapan a los cuestionamientos. Sus vínculos políticos y académicos revelan la profundidad de la crisis institucional.

• Claudia Paredes y Luis Corado son cercanos a figuras con influencia en la designación de jueces y magistrados, como Gustavo Alejos, así como a Allan Rodríguez. Mientras que Igmaín Galicia y Carlos Contreras son criticados por decisiones pasadas en la Cámara Civil y de Amparos. El segundo de ellos es “pieza” de Nester Vásquez y bien visto por Luis Aguirre.
• Corado, en particular, responde a los intereses de diputados como Luis Aquirre, Adim Maldonado y Jorge Vargas.
• Aguirre —con cercanía a grupos de crimen organizado— habría intentado influir en el relevo judicial. Aguirre se desligó de los señalamientos.

En conclusión. El escenario judicial se mueve bajo una lógica de poder más que de justicia. La elección del presidente definirá alianzas y resistencias en el corto plazo.

• Las divisiones internas debilitan la institucionalidad y exponen la dependencia del sistema de justicia a operadores políticos.
• Las presiones externas y los intereses personales mantienen paralizado el pleno. Si la CSJ no logra consenso, la CC podría intervenir nuevamente, como en 2024, para forzar una elección.
• Grupos de la sociedad civil exigen que el proceso sea transparente y público.