El Gobierno vasco rechaza tramitar la propuesta presentada en el Parlamento de Vitoria por los principales sindicatos vascos para que sea la comunidad autónoma quien fije su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tal y como argumentan, la iniciativa no tiene «cabida jurídica» al invadir competencias que la Constitución reserva al Estado, por lo que, presumiblemente, PNV y PSE, socios del Gobierno de coalición y con mayoría en la cámara regional, no seguirán adelante con la medida. Fue a finales del mes de agosto cuando ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde registraron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para abrir el debate sobre esta cuestión tras recabar 138.495 firmas. Unas cifras que hoy ha matizado el vicelendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, apuntando que han sido 10.218 las certificadas por la Junta Electoral , que se encarga de revisar su validez y para de contar una vez se supera el umbral establecido (10.000). De ahí el decalaje. El objetivo era el de elevar el SMI hasta los 1795 euros en 14 pagas. Muy por encima de los 1.184 euros, también en 14 mensualidades, fijado para el presente año en el conjunto de España. Y, para ello, proponían modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores , que circunscribe a la acción del Gobierno de España, y concretamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social liderado por Yolanda Díaz, la capacidad para fijar el SMI previa negociación con los sindicatos y la patronal. Tras recibir el texto, el Gobierno vasco ha emitido hoy un dictamen desfavorable en su reunión semanal. El principal motivo, de acuerdo con las explicaciones de Mikel Torres, es de corte jurídico, pues la Constitución Española reserva en su artículo 149 como una competencia exclusiva del Estado la legislación laboral «sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas». Dicha reforma debería hacerse mediante una ley orgánica en el Congreso de los Diputados. Además, el Gobierno vasco explica que su postura va encaminada a alcanzar acuerdos a través de la negociación colectiva. Una vía actualmente estancada, dadas las posiciones contrapuestas de los sindicatos y la patronal vasca (Confebask) sobre el asunto. Tras el anuncio de la negativa del Ejecutivo liderado por Imanol Pradales, EH Bildu no ha tardado en señalar la decisión como un «error» de PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y en reafirmar la necesidad de presentar igualmente la ILP en el Parlamento. «Si el PNV fuese coherente con su propio argumento de 'disponer de herramientas propias y no delegadas en materia socio-laboral', debería haber renunciado a la transferencia de las prestaciones por desempleo que calificó como 'histórica' [...], cuando el Estado mantendrá la capacidad normativa al respecto», ha dicho Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en Vitoria, poco después de conocerse la posición de los socios del Ejecutivo. Otxandiano hacía referencia a una nota emitida por el partido de Aitor Esteban este lunes, en la que fijaba su posición sobre la ILP, afirmando que esta se aleja del objetivo de crear un marco propio de relaciones laborales y que supondría que el País Vasco quedaría «bajo la supervisión del Estado y sujeta a la voluntad de los tribunales españoles» . Unos argumentos que EH BIldu califica como «tramposos». «La postura del PNV es del PNV», ha dicho el socialista Mikel Torres hoy en rueda de prensa a este respecto.
