La sede de la Comunidad de Madrid que albergó torturas franquistas ya es Lugar de Memoria pese al boicot de Ayuso

Ya es oficial: la Real Casa de Correos, que actualmente es la sede de la Comunidad de Madrid, pero que fue el epicentro de torturas durante el franquismo, ha sido declarada Lugar de Memoria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles esa decisión, contra la que se ha revuelto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que llegó impulsar un cambio legal para impedir la colocación de una placa que recuerde el pasado franquista de la que fue la Dirección General de Seguridad durante la dictadura y que ha tratado de boicotear el reconocimiento de ese edificio como lugar de memoria.

El BOE recoge el “papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura”, que tuvo ese inmueble y también apunta a que la Dirección General de Seguridad “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen”.

La declaración como Lugar de Memoria también se basa en los “numerosos testimonios” que coinciden en la “extrema brutalidad” de las torturas cometidas en ese centro de detención “símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”.

“Esta es una magnífica noticia para quienes defendemos la democracia, la libertad y los derechos, y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso la pérdida de vidas por defender lademocracia que hoy disfrutamos. Hoy deberíamos todos alegrarnos de que este lugar sea declarado de memoria para que nunca más puedan repetirse esos ignominiosos actos”, señala el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La publicación en el BOE culmina un proceso que comenzó hace un año, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez inició los trámites para declarar al edificio Lugar de Memoria, en cumplimiento de la ley de memoria democrática y de la exigencia de las asociaciones memorialistas. La implicación que conlleva esa decisión es la adopción de medidas de protección que supongan una garantía de “identificación, explicación y señalización” adecuada. En otras palabras, la colocación de una placa en la que se mencione que el inmueble fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

El Gobierno de Ayuso ha hecho de esa decisión un casus belli. “Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad”, dijo el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, negando la propia historia y adelantando una batalla desde la Puerta del Sol. El PP en la Asamblea de Madrid registró modificación legal para garantizar que la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio, que es Bien de Interés Cultural (BIC), requiriera “la previa autorización” del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Además, el texto, que no contaba con el respaldo de los servicios jurídicos parlamentarios, establecía que no se autorizará ninguna “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

El Consejo de Ministros impugnó esa maniobra ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y suspendió de manera cautelar la normativa que aprobó la derecha en la Asamblea de Madrid. El Gobierno de Ayuso trató recientemente de impedir el reconocimiento de la Real Casa de Correos al presentar alegaciones al trámite de consulta pública que se abrió desde la Administración General del Estado.

Pero el expediente siguió su curso y este miércoles se publica en el BOE, aunque fuentes gubernamentales anticipan una nueva batalla porque dan por hecho que Ayuso no dará su brazo a torcer y asumen que se negará a colocar una placa que explique que la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid albergó torturas durante el franquismo.