El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la declaración de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como «Lugar de Memoria Democrática» , pese a que el Ejecutivo madrileño presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional y solicitó la suspensión cautelar del expediente administrativo mientras se tramite el conflicto de competencias. El recurso señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional atribuye a la Administración regional competencias exclusivas sobre este edificio, por ser la sede de su Presidencia y tratarse de un inmueble de dominio público autonómico declarado Bien de Interés Cultural. Además, a principios de este mes se dio a conocer el informe de la Real Academia de la Historia , aprobado en el mes de enero, en el que liga la Real Casa de Correos «ante todo» con la Ilustración. Elaborado por catedráticos de la Real Academia, indica que «comprende bien» las razones aducidas para declarar Lugar de Memoria Democrática la «extinta Dirección de Seguridad franquista», pero «asocia la antigua y discretamente elegante Real Casa de Correos, cualesquiera que hayan sido sus funciones posteriores, ante todo con la historia de la Ilustración española, y con la misma centralidad que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital española y, por extensión, de España». El inmueble fue sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista y, según el propio BOE, desempeñó «un papel central en la represión política y social» de aquel periodo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, celebró la decisión y subrayó que «todos los demócratas deberíamos alegrarnos de esta declaración, para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos». Torres calificó el reconocimiento como «una magnífica noticia para quienes defendemos la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas». Tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad, instalada en este edificio histórico, asumió «un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y de cualquier persona sospechosa de simpatizar con ideas contrarias al régimen». El BOE recoge además que son «numerosos los testimonios» de supervivientes que relataron la «extrema brutalidad» de los interrogatorios, lo que convirtió el lugar en «símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo». En los próximos días, el Gobierno publicará también la declaración de otros dos espacios madrileños como Lugares de Memoria Democrática: la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este (La Almudena), donde entre abril de 1939 y febrero de 1944 fueron ejecutadas 2.936 personas, entre ellas las conocidas Trece Rosas; y la antigua prisión provincial de Carabanchel, construida entre 1940 y 1944, que se convirtió en «uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria».
