Licencias médicas y viajes: el síntoma de un problema más profundo
La noticia en los últimos días de que más de 80 mil trabajadores del sector privado habrían viajado durante el período de sus licencias médicas generó sorpresa, indignación y una ola de cuestionamientos. Pero más allá del impacto mediático, este caso expone una falla estructural en nuestro sistema de salud laboral: la ausencia de herramientas efectivas para abordar las licencias prolongadas y el escaso control sobre su uso.
La licencia médica es, ante todo, un derecho que busca proteger la salud y la estabilidad económica del trabajador durante una incapacidad temporal. Sin embargo, su uso indebido obstruye la confianza entre empleador y trabajador, y amenaza la sostenibilidad de un sistema que ya muestra signos de saturación. En realidad, el problema más grave no son los viajes puntuales, sino las licencias que se extienden por meses o años, sin que el empleador pueda poner término a la relación laboral.
En el sector público existe una figura que podría inspirar una revisión normativa: la declaración de “salud incompatible con el cargo”, que permite desvincular a un funcionario cuando su incapacidad prolongada impide el desempeño del rol. En el ámbito privado, no existe una causal similar, lo que deja a las empresas sin mecanismos proporcionales frente a una ausencia indefinida. Esa asimetría debería ser revisada con sentido de equilibrio y justicia.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) ha precisado que los viajes dentro de Chile, especialmente en casos de licencias psiquiátricas, pueden tener justificación terapéutica; pero los desplazamientos al extranjero son difícilmente compatibles con el reposo. En ambos casos, si se constata incumplimiento, la licencia puede ser rechazada, con pérdida del subsidio y eventuales consecuencias laborales.
Si bien el empleador no es el fiscalizador principal —esa función recae en COMPIN o ISAPRE—, sí tiene la facultad de adoptar medidas de control razonables. Puede verificar el uso correcto del beneficio e incluso iniciar investigaciones internas cuando existan antecedentes de irregularidades. La propia Dirección del Trabajo ha reconocido esta posibilidad, y si la SUSESO confirma el rechazo de la licencia, podría configurarse una causal de despido por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
El desafío, entonces, no está en demonizar las licencias médicas, sino en garantizar que cumplan su propósito: cuidar la salud del trabajador sin abrir espacios para el abuso. Para ello, se requiere fortalecer la fiscalización, revisar las normas sobre licencias prolongadas y otorgar un rol más activo al empleador, siempre dentro del marco de respeto a los derechos laborales.
La discusión sobre los viajes durante la licencia es solo la punta del iceberg. Lo de fondo es cómo equilibramos la protección social con la responsabilidad individual. Un sistema justo no solo debe amparar al trabajador enfermo, sino también resguardar la confianza y la equidad que hacen posible la relación laboral.