Una nueva ley transforma el transporte laboral: impacto inmediato en grandes compañías
Qué plantea la nueva norma
El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno introduce por primera vez la obligación de que las empresas con centros de trabajo que empleen más de 200 personas, o bien 100 por turno, elaboren un plan de movilidad sostenible al trabajo. Este plan debe implantarse en un plazo de 24 meses a partir de la entrada en vigor de la norma.
El texto aprobado en el Congreso el 8 de octubre de 2025 describe esta obligación. La norma exige que dichos planes incluyan mecanismos de seguimiento, negociación, registro y evaluación de las medidas de movilidad adoptadas por la empresa.
Medidas que las empresas deberán considerar
El plan deberá abarcar, como mínimo, las siguientes líneas de actuación:
- Fomentar la movilidad activa: desplazamientos a pie o en bicicleta.
- Incentivar medios de transporte más sostenibles: vehículos de bajas o cero emisiones, compartidos o colectivos.
- Promover el teletrabajo, la flexibilidad horaria o la entrada escalonada para reducir el vehículo privado individual.
- Integrarse al plan de movilidad del municipio o entidad local correspondiente, coordinando medidas.
¿A quién afecta esta obligación?
La disposición es aplicable a los centros de trabajo que cumplan cualquiera de los dos criterios:
| Condición | Aplicación |
|---|---|
| Más de 200 personas trabajadoras por centro | Afectados |
| Más de 100 personas trabajadoras por turno | Afectados |
La obligación es supletoria respecto a la normativa autonómica: si una comunidad autónoma ya regula un umbral distinto anteriormente, se aplicará el que resulte más estricto.
Plazo para su elaboración
Las empresas tendrán un plazo máximo de 24 meses tras la entrada en vigor de la ley para aprobar su plan. Deben además remitir un informe de seguimiento en el plazo de dos años desde su aprobación, y cada dos años posteriormente.
Cuáles son los impactos esperados
Para las empresas, esto supone un cambio significativo en la gestión del desplazamiento laboral. Los costes pueden aumentar por el diseño del plan, la implementación de incentivos o adaptaciones. En un artículo reciente, se apunta que esta obligación podría disparar los costes para las corporaciones.
En el ámbito medioambiental, el objetivo es avanzado: reducir emisiones, fomentar energías limpias y reducir la congestión del transporte privado. La norma se enmarca en los objetivos de descarbonización y modernización de la movilidad.
Ventajas para las empresas
- Mejora de la imagen corporativa ligada a la sostenibilidad.
- Posibilidad de acceder a fondos o subvenciones vinculadas a movilidad sostenible.
- Reducción del absentismo y mejora de horarios si se fomenta el teletrabajo o la flexibilidad.
Desafíos y puntos críticos
Entre los retos se identifican:
- Coste inicial de elaboración y seguimiento del plan.
- Coordinación con municipalidades o planes locales de movilidad.
- Negociación con representación de los trabajadores.
- Definición de indicadores claros de implantación y seguimiento.
Qué hacer ahora para prepararse
Las empresas alcanzadas por el umbral deberían tomar en consideración los siguientes pasos:
- Realizar un diagnóstico de los desplazamientos de empleados: número de vehículos, origen, tiempo, uso de transporte público.
- Revisar el plan de movilidad del municipio donde se ubica la empresa para alinear medidas.
- Negociar con representantes de los trabajadores e incluir las medidas previstas.
- Diseñar un plan de acciones que puede incluir bicicletas, estaciones de recarga, tarifas compartidas, teletrabajo, etc.
- Establecer indicadores de seguimiento e informe bienal.
- Aprovechar ayudas o subvenciones públicas vinculadas a movilidad y descarbonización.