La Audiencia archiva la querella contra Netanyahu por el asalto a la flotilla que se dirigía a Gaza
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha decidido inadmitir la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el asalto y abordaje de la embarcación 'Madleen' integrada en la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza.
Lo acuerda así en un auto, recogido por Europa Press, en el que el juez se apoya en el criterio de la Fiscalía que, como avanzó La Razón, se opuso a la admisión de la querella al considerar que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal.
La querella había sido presentada por un ciudadano español que viajaba en esa embarcación y por el Comité por la Solidaridad con la Causa Árabe e iba dirigida, además de contra Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante y comandante de la Armada, David Saar Salama; los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.
Competencia de la Corte Penal Internacional
La querella, que firmaron los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta, se interpuso en nombre del activista español Sergio Toribio y del Comité de Solidaridad con la Cauas Árabe por delito de lesa humanidad (con detención ilegal y deportación) y de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. La misma se dirigió contra Netanyahu; el ministro de Defensa, Israel Katz; el comandante de la Armada israelí, David Saar Salama; altos mandos de la unidad de élite Shayetet 13 (que ejecutó el abordaje de la flotilla humanitaria Madleen) y contra el hasta ahora portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari.
El juez responde que "el contenido de la querella impide la atribución del conocimiento de esta a la jurisdicción española al no concurrir los presupuestos del artículo 23.4 a) y b) de la Ley orgánica del Poder Judicial".
"Y debemos invocar la persecución de estos delitos, en el presente tiempo, a la Corte Penal Internacional, regida por el Estatuto de Roma, ratificado por España, que tiene carácter permanente y autónomo", explica.