Como administración abanderada de las políticas públicas de intervención en materia de vivienda, el gobierno de la Generalitat estudia dar un paso más y se abre ahora a la posibilidad de vetar las compras de inmuebles que no sean para vivir, una medida con un dificultoso encaje legal y que llevaría a Cataluña a un nuevo escalón después de haber impuesto ya una controvertida y de dudosa eficacia limitación de los precios del alquiler. Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en respuesta a una interpelación parlamentaria de la CUP, en la que el grupo antisistema pedía precisamente que se prohíba la « compra especulativa » de vivienda. Illa, en alusión a la propuesta, señaló que «no se ha cerrado a estudiar ninguna medida», apuntando eso sí que las decisiones que se tomen deben ser «realistas, viables y efectivas». En este sentido, Illa aseguró que ya ha encargado a la consejera de Territorio y Sostenibilidad, Sílvia Paneque, que evalúe la propuesta teniendo en cuenta el contenido de un estudio recientemente publicado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), en el que se señala que la prohibición podría tener encaje legal si la misma se aplica de manera limitada y temporal y en las «zonas tensionadas» –donde en Cataluña vive el 90% de su población y ya se impone el tope de rentas– . Illa añadió, también en respuesta a la CUP, que estudian a la vez la propuesta de limitar el número de pisos de los que pueda ser titular una persona. «Todo lo que se pueda hacer con realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos», apuntó Illa, que en esta materia siempre ha presumido de tomar decisiones valientes. El estudio del PEMB defiende la legalidad de la medida, su compatibilidad con el principio constitucional del derecho a la propiedad y establece algunas limitaciones para garantizar su equilibrio y proporcionalidad. Por ejemplo, en el caso de la adquisición de edificios enteros se permitiría la compra siempre que todas las viviendas se destinasen a alquiler habitual (contratos de cinco o siete años según la personalidad jurídica del propietario), y no a usos temporales o turísticos. En cuanto a las segundas residencias, la medida permitiría su compra en un municipio diferente a la habitual, aunque estuviese en una zona tensionada, siempre que fuera para uso personal y no para alquilar o invertir. El mismo estudio apunta que países como Dinamarca, Croacia, Finlandia o Malta han adoptado medidas similares, mientras que en ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, no se permite poner una vivienda en alquiler en los cuatro años posteriores a su adquisición si la compra de la misma superó los 623.000 euros. De inmediato tras conocerse el anuncio de Illa el sector salió en tromba para descalificar una propuesta calificada de «errónea y contraproducente», en palabras de Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, a ABC: «Medidas como esta generan inseguridad jurídica. El verdadero problema es la falta de suelo, las trabas administrativas o la lentitud en la tramitación urbanística». «Las restricciones a la demanda solo agravan el problema», añade Gorgues, que demanda «un marco estable y atractivo, y no nuevas barreras». En la misma línea, Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña, señala que se sigue «improvisando y validando propuestas en función de la aritmética parlamentaria, convirtiendo Cataluña en un laboratorio legislativo experimental, con efectos más que dudosos», recordando por ejemplo el impacto de la limitación de rentas. «Todo esto, en un contexto ya marcado por un Impuesto de Transmisiones del 20% y una normativa cada vez más sancionadora», concluye.
