La UBA va a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió de manera unánime iniciar acciones judiciales contra el Gobierno para que se aplique la ejecución de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial aprobada por el Congreso.
La decisión, adoptada por el Consejo Superior -órgano de gobierno de la UBA-, tiene como objetivo que se asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes.
Si bien el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley, la UBA señaló, a su vez, que suspendió su aplicación, hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma.
Por ese motivo, el Consejo Superior, integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros (profesores, graduados y estudiantes), consideró necesario tomar medidas judiciales, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática.
"Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley", indica la resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC.
Además, el Consejo Superior fundamentó la decisión de ir a la Justicia en la delicada situación económica que atraviesa el sistema universitario. En ese aspecto, marcaron que "las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación, y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%".
La Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial fue aprobada por el Congreso
En lo que respecta al 2025, la UBA advirtió que la recomposición salarial estuvo por debajo de la inflación que mide el INDEC.
Por ese motivo, la resolución resalta que la ley tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes.
Según se expresa en los considerandos, "su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis". Sumado a ello, la nueva normativa prevé, además, la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
"La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina", sostuvo el Consejo Superior.