Informe advierte que cobro excesivo en cuentas de luz aún no llega a hogares
Pese a la controversia que derivó en la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, un informe técnico elaborado por Valgesta Energía sostiene que los clientes regulados aún no han asumido la mayor parte del sobrecargo generado por el error metodológico en las tarifas eléctricas.
Según el análisis, la cifra de US$110 millones corresponde a una sobreestimación contable alojada en instrumentos financieros, sin haber sido cobrada a los usuarios finales.
De acuerdo con Valgesta, lo único efectivamente traspasado a las boletas asciende a cerca de USD 2 millones, correspondiente a reliquidaciones aplicadas entre julio y septiembre de 2024. El resto del desajuste -alrededor de US$110 millones- quedó capturado en “documentos de pago” creados por la Ley 21.667, que comenzarán a cobrarse en 2028. Esto abre una ventana de corrección antes de que el impacto llegue a los hogares.
La consultora revisó los reportes de Precio de Nudo Promedio (PNP) entre 2017 y 2025, concluyendo que no hubo un error constante desde 2017, sino distintas aplicaciones derivadas de cambios legales.
Entre 2019 y 2022, los saldos se expresaron en dólares sin reajuste ni intereses. En el período 2022–2024, se acumuló un saldo cercano a US$1.700 millones, que fue regulado mediante la Ley 21.667 tras el descongelamiento tarifario de este año.
El problema central, según el informe, fue una doble consideración del IPC combinada con la tasa de interés corriente en los cálculos más recientes. A pesar de ello, el impacto económico directo para los clientes es marginal hasta ahora, y el grueso del error permanece financieramente “encapsulado”.
En lo inmediato, la autoridad puede ajustar la fórmula y corregir las reliquidaciones antes de que los documentos comiencen a cobrarse, evitando así un traslado masivo a las cuentas de luz.
La salida de Pardow deja al nuevo biministro de Energía, Álvaro García, con una prioridad clara: corregir la metodología y definir el mecanismo de devolución o ajuste de los montos ya cobrados -aproximadamente US$2 millones-, asegurando transparencia y trazabilidad para restablecer la confianza en el sistema tarifario.