AC contra juez Ulloa: defensa alega falta de pruebas y acusadores apuntan a redes de corrupción

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, sesionó este martes por cuarta vez. En la instancia se llevaron a cabo las exposiciones de los acusadores, la defensa y expertos invitados, en el marco del proceso que busca determinar si el magistrado incurrió en un notable abandono de deberes.

Si bien se esperaba la presencia del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y el fiscal nacional Ángel Valencia, ambas autoridades se ausentaron. Al inicio del proceso, el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los impulsores de la acusación, aseguró que el caso “no es una acusación cualquiera” y vinculó al juez con las redes reveladas en el caso Hermosilla.

“Hoy hablamos con la convicción de representar a miles de chilenos que se preguntan por qué algunos parecen tener una justicia a la carta, mientras el resto de los chilenos esperan años por una respuesta. También probablemente representamos a muchos jueces honestos, estudiosos, profesionales, que observan con preocupación cómo la corrupción penetra en la justicia“, declaró el socialista

“Que las redes de corrupción del caso Hermosilla no triunfen en este Congreso, donde aún de seguro tiene aliados poderosos”, agregó. Así, el parlamentario acusó que Ulloa “entregó información confidencial de manera sistemática a un abogado que movía los hilos desde las sombras” y “participó en causas de sus cercanos” vulnerando el principio de imparcialidad.

Por su parte, el abogado defensor Domingo Hernández pidió a la comisión respetar el principio de objetividad y cuestionó el carácter político de los fundamentos de la acusación, argumentando que se basa “en reportajes periodísticos y no en pruebas jurídicas”.

“Sería desde el punto de vista institucional una solución verdaderamente armónica que el Congreso Nacional reparara en los fundamentos que obtuvo la Corte Suprema para resolver cómo lo hizo y en la proporcionalidad de la sanción que fue estudiada muy cuidadosamente por el máximo tribunal de la República”, mencionó.

Asimismo, el jurista apeló a la trayectoria y las calificaciones sobresalientes del ministro. “La Corte Suprema ya evaluó su conducta y resolvió no removerlo, aplicando solo una sanción proporcional. Juzgarlo de nuevo sería una violación al principio non bis in idem”, afirmó.

La sesión contó con invitados que expusieron sus argumentos sobre el caso. Entre ellos, el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien planteó reparos sobre la solidez de la acusación y la proporcionalidad de una eventual destitución. “En el caso de esta acusación constitucional contra el ministro Ulloa no percibo presentes las rigurosas características señaladas, cuya concurrencia se exige para el buen éxito de las autorizadas sobre la base de denunciar notable abandono de deberes de los magistrados de los tribunales superiores de justicia”, explicó Cisternas.

“En mi opinión, que se impute el incumplimiento de deberes y no se reúnan esas características, es para mí una importante señal de debilidad de la acusación”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, advirtió que la crisis de confianza en el Poder Judicial “se profundiza con casos como el del ministro Ulloa”, señalando que “la falta de transparencia en los nombramientos y el tráfico de influencias dañan gravemente la independencia judicial”.

“Hoy existe una sensación de impunidad. Al interior del Poder Judicial se perciben dos tipos de justicia: una blanda para los magistrados y otra dura para los funcionarios de base”, señaló.

Acevedo informó además que su organización presentó una querella penal por tráfico de influencias, en la que Ulloa figura como imputado, y subrayó que recientes antecedentes (como los chats con el abogado Luis Hermosilla) refuerzan las sospechas de intervención indebida en nombramientos.

Al término del encuentro, la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Placencia (PC) acordó citar a una próxima sesión para el próximo lunes a las 11:00 horas, en la que se escucharán nuevas exposiciones antes de pasar a la votación del informe. Según el cronograma, los diputados deberán entregar por escrito sus argumentos y voto (a favor, en contra o en abstención).