Este es el error más común al firmar una carta de despido: puedes perder hasta dos años de indemnización

Aceptar un despido sin revisar la documentación o sin asesoramiento legal puede acarrear importantes pérdidas económicas. La abogada laboralista Inmaculada Jurado, de PwC, advierte en declaraciones a El Español de que firmar una carta o un finiquito con la palabra “conforme” puede impedir impugnar el despido y reclamar una indemnización mayor. En algunos casos, esta decisión equivale a renunciar a hasta 24 mensualidades de salario.

Según explica la especialista, al firmar “conforme” o sin incluir reservas, el trabajador puede estar aceptando la versión del empleador y renunciando a la posibilidad de que el despido se califique como improcedente. “En la práctica, puede suponer renunciar a la diferencia entre 20 y 33 días por año trabajado y a los topes superiores de indemnización”, sostiene Jurado. La abogada señala que muchos ceses que no cumplen los requisitos formales o de fondo del Estatuto de los Trabajadores acaban declarados improcedentes, ya sea en conciliación o mediante sentencia judicial.

La pérdida económica más común, precisa, se produce al aceptar una indemnización de 20 días por año —propia del despido objetivo— cuando no hay causa justificada, en lugar de reclamar los 33 días que corresponden a un despido improcedente con un máximo de 24 mensualidades. La diferencia puede alcanzar decenas de miles de euros.

Los errores más frecuentes al firmar un finiquito

Entre los fallos más habituales que pueden complicar una posible reclamación, Jurado destaca rubricar el documento “conforme” en lugar de “recibí, no conforme”, no solicitar la presencia de un representante legal en el acto de firma y no comprobar que la indemnización esté disponible en el momento de la entrega. También advierte sobre aceptar cláusulas de renuncia genérica o no revisar los importes del finiquito, como salarios pendientes, vacaciones, pagas extra u horas extraordinarias.

La experta recuerda además que cerrar acuerdos privados sin homologación ante el SMAC o sin resolución judicial puede tener consecuencias fiscales, ya que parte de la indemnización que estaría exenta podría convertirse en tributable. “La diferencia entre un despido objetivo y otro improcedente puede suponer hasta dos años de salario”, concluye Jurado.