La Ley de Memoria permitió la nacionalización de los descendientes de los exiliados que de esta manera podían participar en las elecciones como españoles que son, aunque no hubieran vivido en España. El Gobierno pretendía ajustar cuentas con la historia, pero también acceder a un caladero de votos de personas susceptibles de votar a la izquierda por herencia familiar. Más tarde, fue más allá al ampliar –de manera irregular y con una mera instrucción– este proceso a todos los hijos de españoles, incluidos aquellos cuyas circunstancias no tuvieran que ver con la Guerra Civil y la posterior dictadura. Se calcula que se han incorporado al censo 800.000 nuevos votantes y solamente el 10 por ciento tienen que ver con la represión. Curiosamente, la Ley de Memoria no otorgó el derecho de voto en el País Vasco a los 200.000 exiliados por el terrorismo de ETA y sus descendientes que cambiarían a buen seguro el panorama electoral en aquella comunidad autónoma.
