El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha asegurado que los contratos con la Fundación Siglo XXI, de la que se han imputado a cuatro directores de centros por desviar fondos europeos destinados a la atención a menores migrantes siguen en vigor, ya que el Ejecutivo no puede rescindirlos contratos hasta que no haya una sentencia en firme. De acuerdo a sus declaraciones, el Gobierno regional podría tener que enfrentarse a indemnizaciones en el caso de hacerlo. La operación 'Tabaiba', que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote y un empresario inmobiliario, imputados por desviar 2,4 millones de fondos europeos de acogida de menores, «es sobre personas no sobre la fundación», ha afirmado Cabello, y esas personas ya están «apartadas» de la gestión. Ha apuntado también que en un momento de «máxima emergencia migratoria y de hacinamiento» llegó a tener más de 600 menores bajo tutela y ahora cuenta con 225 y que se llegó a cerrar el centro de La Santa, en la isla de Lanzarote. No obstante, Cabello ha recordado que la investigación es del periodo 2020-22, con el anterior Gobierno de Canarias, y según la Fiscalía Anticorrupción, «hubo dejación» del 'Pacto de las Flores' en el control del uso del dinero que se entregaba a la entidad. Con todo ha señalado que su Ejecutivo va a seguir siendo «riguroso» con el control del dinero que se entrega y «contundentes y colaborativos» con las necesidades que vayan planteando los juzgados, subrayando que sigue haciendo frente «en solitario» a la gestión en la llegada de menores migrantes.
