La Justicia da la razón a los albaceas imputados y anula la intervención de la fundación del gran mecenas catalán
La Audiencia de Barcelona corrige a la jueza y le afea que vulnerara el derecho de defensa de los investigados al acordar la administración judicial de Cellex solo un día después de levantar el secreto de sumario
Tras el rastro del “opaco entramado” en Panamá del gran mecenas catalán para saber qué ha sido de su herencia
Sorpresa en el caso Cellex, la investigación que comanda una jueza de Barcelona para determinar si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron ilegalmente de su millonaria fortuna. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a los tres albaceas investigados por el presunto desfalco de la herencia y ha anulado la administración judicial de las dos fundaciones en las que estaba distribuida la fortuna de Mir, Cellex y Mir-Puig.
En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los albaceas investigados, Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), todos ellos defendidos por el despacho Molins.
Los magistrados consideran que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.
La sección 9ª de la Audiencia de Barcelona destaca que la jueza, tras investigar un año el caso bajo secreto, levantó la reserva de actuaciones el 10 de abril y “sin solución de continuidad”, citó a los tres investigados un día después y, en la misma fecha, acordó celebrar la vista para adoptar medidas cautelares para intervenir la fundación.
“El derecho de defensa no solo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz”, aseveran los magistrados, que reprochan a la jueza de instrucción el escaso tiempo que dio a las defensas para prepararse la vista de medidas cautelares en la que se decidió la administración judicial de Cellex.
En su resolución, los magistrados encargados de revisar las decisiones de la instructora no prejuzgan “la procedencia o adecuación” de la administración judicial de la fundación Cellex, esto es, si la intervención estuvo bien motivada, sino que tan solo la anulan porque la jueza no dio suficiente tiempo a los investigados para prepararse la vista de cautelares.
A la vista de la “complejidad del asunto”, ahonda el tribunal, hubiera sido necesario que la jueza otorgara a la defensa al menos 10 días para estudiarse los más de 1.900 folios del caso, toda vez que “no existía una situación de urgencia y necesidad” que justificara la celeridad en la vista.
Y esto es precisamente lo que la Audiencia de Barcelona ordena a la jueza instructora más de medio año después de su decisión: convocar, de nuevo, una vista sobre medidas cautelares, en la que la Fiscalía podrá volver a pedir la administración judicial de Cellex, pero dando al menos diez días de margen a las defensas para estudiar el caso.
Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.
Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).
Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.
El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.