Policías denuncian el "uso político" de la Ley de Memoria Democrática que cerrará la comisaría de vía Laietana de Barcelona
El Comité Ejecutivo Regional del Sindicato Confederación Española de Policía (CEP) en Cataluña, asistido de su Bufete profesional Duran & Duran Abogados en toda la trayectoria de este expediente, ha presentado hoy alegaciones formales contra la incoación del procedimiento para declarar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña (Vía Laietana 43, Barcelona) como lugar de memoria democrática.
La CEP y sus abogados asesores, sostienen que el expediente adolece de omisiones esenciales, se ha tramitado sin garantías, y desatiende la salud laboral de los funcionarios que trabajan en el edificio, por lo que solicita su nulidad y la retroacción de actuaciones.
Hartazgo de los policías nacionales
El CEP subraya el cansancio y hartazgo de los policías destinados en la Jefatura, "sometidos desde hace años a un clima de hostilidad y señalamiento público". Por ello, señalan que la incoación como "lugar de memoria" agrava ese estigma, convirtiendo su centro de trabajo en un "símbolo de confrontación política".
"Los policías nacionales están hartos de ser utilizados como moneda de cambio en pactos políticos. No somos culpables de un pasado que no nos pertenece y exigimos respeto a nuestra labor en democracia", denuncia el sindicato.
Uso "torticero" de la Ley de Memoria Democrática
Para el sindicato, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sus socios independentistas han "pervertido" la finalidad de la Ley 20/2022, que fue concebida para la pedagogía democrática y la pluralidad, y "no para estigmatizar centros de trabajo en activo". Por ello, el CEP denuncia que esta estrategia responde a intereses políticos y no a criterios de memoria plural.
"Se está instrumentalizando la memoria para fabricar un relato sesgado que satisface a socios de Gobierno y sacrifica la dignidad de los policías nacionales", afirma el sindicato.
Denuncian un "relato sesgado y falta de pluralidad" y acusan al Gobierno de "excederse"
El expediente se centra en el uso franquista del edificio, "ocultando más de cuatro décadas de servicio democrático a la ciudadanía desde 1978". Por este motivo, el CEP considera que esto es una "manipulación histórica", contraria a los principios de "objetividad y proporcionalidad", y que convierte la memoria democrática en un "instrumento de confrontación", y "no de convivencia".
La CEP denuncia que en el expediente se incluyen referencias a supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en el edificio durante la Dictadura, basándose en "informes de carácter ideológico" como el del expolítico Xavier Domènech. En este sentido, el sindicato recuerda que ningún tribunal español ni internacional ha dictado resolución firme que califique los hechos vinculados a Vía Laietana bajo esa tipificación penal.
Para la CEP, la utilización de un concepto de máxima gravedad jurídica como "lesa humanidad", sin respaldo judicial ni fundamento probatorio, evidencia que "el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática está impulsando la incoación con criterios políticos, no legales".
"No se puede convertir un procedimiento administrativo en un juicio paralelo. Utilizar acusaciones de delitos gravísimos sin sentencia judicial es un exceso ideológico que solo persigue reforzar la estigmatización del edificio y de los policías que hoy trabajan en democracia", subraya Marcos Veiras, responsable jurídico de la CEP en Cataluña.