La investigación judicial sobre el supuesto fraccionamiento de contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un montante de 235 millones de euros en la provincia de Cádiz se extenderá, al menos, hasta el 2 de abril próximo, con la campaña de las elecciones andaluzas calentando motores. Aún no hay una fecha concreta, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha avanzado que prevé convocarlas para la próxima primavera, cuando tocan, salvo que Pedro Sánchez adelante las generales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que analiza las adjudicaciones sanitarias -algunas de ellas por la vía de emergencia- ha acordado prorrogar durante seis meses más el plazo de la causa iniciada en otoño de 2024 por medio de un auto dictado el pasado 29 de septiembre. En esta causa está citado como investigado Demetrio González, director Económico Central de Compras del SAS en la provincia gaditana. El juez Manuel Jesús Gómez accede así a una petición que había presentado la acusación popular ejercida por el PSOE , a la que se adhirieron la Fiscalía y el partido Podemos, cuya denuncia dio origen a esta instrucción. En paralelo, el Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla investiga los contratos de emergencia en los servicios centrales del SAS en otra causa donde está imputada su directora gerente, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. La Asesoría Jurídica Provincial del SAS en Cádiz ha recurrido la decisión del juez y ha pedido que deje sin efecto la ampliación de la causa durante otros seis meses . En su recurso de reforma, el SAS expone que «el único motivo indicado por ambas acusaciones (PSOE y Podemos) para solicitar esa prórroga» era que «estaba próxima la finalización del plazo máximo de 12 meses desde la incoación de de la causa», el límite que marca el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). « Ninguna otra razón se aportaba como justificación de dicha petición », añadía. En su escrito, el SAS se queja de que las acusaciones «ni siquiera» argumentaban « cuáles son las diligencias de investigación cuya práctica consideran necesarias y justificativas de la prórroga». Esta parte expone que el citado artículo de la ley «pone de manifiesto la necesidad de motivar las razones que han impedido finalizar la investigación, lo que no se produce con este auto, como tampoco se indican cuáles son las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo y cuál es su relevancia para la investigación». Por estos motivos, la agencia sanitaria recurre la resolución judicial .
