El trasvase Tajo-Segura permanecerá cerrado tres meses -desde mediados de diciembre hasta febrero o marzo- después de las transferencias ordinarias previstas de lo que queda de año, a razón de 27 hectómetros cúbicos mensuales, 81 en total. Así lo ha determinado la Comisión de Explotación del acueducto, en aplicación de las normas de explotación cuando las reservas en los dos embalses de la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- se encuentran en el Nivel 2 con 1.227,4 hm3 y la previsión apunta a que sigan con ese volumen hídrico holgado también en noviembre y diciembre, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Mientras tanto, la cuenca del Segura no sale de su última posición en la Península Ibérica con tan sólo un 18,6% de su capacidad a pesar de las recientes lluvias torrenciales en el sureste, tal como reflejan los datos actualizados oficiales de embalses.net. El triple envío ordinario ha vuelto a suscitar críticas en Castilla-La Mancha, este martes desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que junto con la Junta de Castilla-La Mancha llevan meses exigiendo al Ministerio una modificación de las reglas de explotación. Entre otros argumentos y además de incidir nuevamente en que estas normas son « obsoletas » y «caducadas», desde esta agrupación de pueblos han aludido al último fallo del Tribunal Supremo , conocido la semana pasada, en el que ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos de, entre otros, el Tajo y el Segura, que entraña recortes drásticos al trasvase -a la mitad- al elevar los caudales ecológicos en la cuenca cedente. Al respecto, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ( SCRATS ), Luis Jiménez, ha opinado que «la sentencia abre un debate en torno a la legalidad de los actos del MITECO , pero no sobre la justicia de su actuación política, que me provoca vergüenza y supone un retroceso para una parte del país». Como argumentación para estas duras críticas, el portavoz de los agricultores ha relatado algunas antecedentes de contexto: «En el Congreso se debatió este año una ley que pretendía blindar el trasvase y se votó en contra de nuestros intereses». Como detalle, Jiménez ha apuntado que «quien dirigía las votaciones de una parte importante de la bancada era el presuntamente corrupto exsecretario del PSOE Santos Cerdán », por lo que se ha preguntado «¿La votación fue legal?», para contestar que «sí». No obstante, ha planteado el interrogante de si «¿también es justo que la bancada socialista completa del Congreso, incluidos diputados de Almería , Alicante y Región de Murcia , votara en contra de los intereses de sus regiones al mandato de un posible ladrón?», con la respuesta de «no». Y ha concluido con una reflexión y un recordatorio: «Estamos analizando una sentencia que acatamos, pero que no puede refrendar una actuación política y poco justa para una parte del país; y esperamos la resolución del resto de demandas e incluso el análisis jurídico de la presente».
