La comparecencia de Félix Bolaños del pasado martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, sosteniendo entre sus manos el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no es sino un paso más en la silente, pero peligrosísima, liquidación de la democracia liberal y el orden constitucional de nuestro país. En caso de que la ley de marras fuese aprobada, las investigaciones dejarían de estar en manos de los jueces para pasar a ser competencia de la Fiscalía, una regresión cualitativa en las garantías democráticas para España en tanto en cuanto esta última es sensiblemente dependiente del Ejecutivo. No lo digo yo: basta recordar cuando Sánchez afirmó en los micrófonos de RNE aquello de «la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso». No serán pocos los que vean en estas líneas de alarmismo, pero para justificar mi punto de vista basta con retrotraernos a los años 1975 y 1978: en dicha franja, Adolfo Suárez junto a Torcuato Fernández-Miranda, a la cabeza en el tránsito de la dictadura a la democracia tras la muerte de Franco, consiguieron que en 1976 las Cortes franquistas se hicieran el 'harakiri', votando a favor de la Ley para la Reforma Política, para organizar en junio de 1977 las primeras elecciones democráticas –y constituyentes– tras casi cuarenta años de dictadura y presentar en 1978 nuestra Constitución como marco de garantía democrática, refrendada en diciembre de ese año mayoritariamente por el pueblo español. Si fue entonces posible recorrer aquella senda, ¿quién es capaz hoy de afirmar que no sea viable recorrer, de la ley a la ley, el camino inverso y desandar los pasos en detrimento de la democracia y, sobre todo, atacar la separación de poderes como corazón de nuestro sistema? Raúl Calleja Fuentes. Palma del Río (Córdoba) Llamar a una oficina pública debería ser sencillo. Uno marca, espera unos tonos y confía en que alguien atienda. Pero lo que sigue es una escena digna de comedia burocrática. Tras varios intentos, aparece la voz del contestador automático: «Su llamada es muy importante para nosotros». Uno marca, escucha los tonos y confía ingenuamente en que alguien atienda. Cada intento es idéntico: tonos, silencio y la misma promesa grabada, como un eco administrativo interminable. Estas oficinas presumen de cercanía con el ciudadano: atención accesible, eficaz, humana. Pero cuando uno intenta ejercer ese derecho básico, el de comunicarse, se encuentra con un muro invisible, un protocolo fantasma que convierte la llamada en un acto de fe. No pedimos milagros, solo que alguien descuelgue el teléfono y convierta en realidad la frase «su llamada es muy importante». Lo más honesto sería cambiar el mensaje por algo más realista: «Su llamada será ignorada con eficiencia. Gracias por su paciencia». Uno sabría que está solo en la línea, pero acompañado en la sinceridad. Pedro J. Soto Santos. Ablitas ( Navarra)
