Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra
El Poder Judicial ordenó a la empresa Rutas de Lima S.A.C. suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La decisión judicial se emitió bajo multas consecutivas en caso de incumplimiento. Esta nueva medida se da ante la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar en contra esta concesionaria.
La medida se basa en un antecedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del expediente N° 01072-2023-PHC/TC, emitida en marzo de 2024. En esta resolución, el TC ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje en el tramo de Puente Piedra y argumentó que la concesionaria había vulnerado el derecho al libre tránsito de los residentes de esa zona y los usuarios de la carretera.
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El Tribunal precisó que, aunque no cuestionaba la validez del contrato de concesión en sí, sí señalaba que la falta de vías alternas adecuadas hacía que el cobro del peaje resultara injustificado y afectara derechos fundamentales. Esta sentencia sentó un precedente legal que ahora se extiende a otras zonas concesionadas, como Villa y Punta Negra.
En este caso se estima que el cobro de peajes en la Panamericana Sur genera una recaudación anual de alrededor 130 millones de dólares, lo que da cuenta de la magnitud del negocio para Rutas de Lima.
Y es que la tensión en torno a estos peajes se intensificó en junio de 2025, cuando la municipalidad de Santa María del Mar y Rutas de Lima se enfrentaron judicialmente sobre la continuidad de seis estaciones de peaje en el sur de la Panamericana. La controversia central giraba en torno al cumplimiento de una obligación contractual establecida durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, que exige la disposición de vías alternas adecuadas para los usuarios, de modo que se respete el derecho al libre tránsito, protegido por la Constitución.
La falta de estas alternativas ha sido uno de los principales puntos de fricción entre las autoridades locales y la concesionaria.