Un colectivo de una treintena de abogados ha demandado este jueves al ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, al que acusan de tomar partido en la causa contra el expresidente Nicolas Sarkozy, un día después de visitarlo en prisión, donde permanece desde el pasado 21 de octubre por la condena derivada del dinero que recibió su campaña electoral de 2007 de manos del régimen libio de Muamar Gadafi. El grupo de 29 letrados ha presentado una denuncia contra Darmanin ante el Tribunal de Justicia de la República al considerar que éste, tras anunciar su intención de visitar a Sarkzy y efectuar dicho encuentro, «ha tomado partido en un asunto sobre el que tiene poder administrativo o de supervisión como superior jerárquico de la Fiscalía», según recoge el escrito de diez páginas al que ha tenido acceso la cadena BFM TV. «Gérald Darmanin, aunque no tenga poder de decisión sobre la posición de la Fiscalía en el caso, tiene un poder implícito debido a su condición de superior jerárquico . Por lo tanto, sin duda tiene un poder de supervisión o administración inherente a su cargo de Ministro de Justicia», han agregado los abogados en una demanda en la que cuestionan el verdadero propósito de la visita del ministro al exmandatario conservador. Así, el grupo de letrados sostiene que «la declaración de Gérald Darmanin no puede separarse del resto de sus comentarios ni del apoyo que ha brindado a Nicolas Sarkozy, su antiguo colega y amigo» recordando que ambos «se conocen desde hace mucho tiempo» y entendiendo que esta relación constituye «un interés moral y, más concretamente, personal». «No cabe duda de que este interés probablemente comprometa la imparcialidad y la objetividad de Gérald Darmanin , quien, como ministro de Justicia, no puede tomar una posición de este tipo en un caso pendiente», añade. El ministro de Justicia francés realizó en la víspera su primera visita en prisión al expresidente Sarkozy, desde que que fuese encarcelado a mediados de octubre, tras alegar que sus futuros encuentros no implicarían poner en cuestión el sistema judicial y apelar en cambio a que, como ministro, debe verificar que se cumplen todas las condiciones de seguridad, habida cuenta de la especial relevancia del caso y del propio recluso. Sobre Sarkozy pesa una condena de cinco años de cárcel por asociación de malhechores que, aunque no es firme, sí ha implicado su ingreso en prisión a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes. El expresidente, que tiene otras causas judiciales abiertas, siempre ha defendido su inocencia y se ha reivindicado como víctima de un «escándalo judicial» con tintes políticos.
