La Fundación Franco: “Los argumentos de humillación a las víctimas son ridículos”
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) considera que la resolución firmada por el ministro de Cultura por la que se acuerda el inicio del procedimiento previo a instar su extinción judicial "constituye la prueba más sólida de la carencia de fundamento de tan liberticida pretensión".
Fuentes de la FNFF, que confirman a LA RAZÓN que, "por supuesto presentaremos alegaciones", afirman que se trata de "desviar la atención de la opinión pública", ya que "cuando el Gobierno se encuentra en problemas es una vieja táctica", y recurre así al "Francomodin".
"En un Estado de Derecho estaríamos muy tranquilos, porque la Constitución garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión", apuntan estas fuentes, que hacen hincapié en que "ampararse en una Ley de Memoria Democrática cuya constitucionalidad está recurrida es una mala praxis democrática", puesto que "lo lógico sería esperar a que el Tribunal Constitucional se manifestase al respecto antes de tomar decisiones de tanto calado".
Estatutos modificados
Asimismo, denuncia la FNFF que la resolución "parte de un supuesto falso desde el momento que parte de unos estatutos que no son los vigentes puesto que fueron modificados", y por dos veces, como adelantó este diario. El texto enviado por el Ministerio de Cultura "desarrolla", según estas fuentes, "las tareas llevadas a cabo por la Fundación que no son más que las nos marcan los estatutos".
Para la Fundación Franco, "los argumentos de que hacemos menosprecio y humillación a víctimas son ridículos, pues es nuestra versión de la historia con argumentos históricos".
Además, y en una nota difundida a los medios tras recibir el documento del Gobierno, la fundación apunta que, "próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco", y "planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción" sobre "este Gobierno socialcomunista".
Considera la entidad que "sólo en ese contexto debe enmarcarse una resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un Gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles que ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones".
Recuerda que son dos las circunstancias que, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, "de producirse al mismo tiempo habilitarían al Gobierno para instar la extinción". Por un lado, que la “apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes” y además, que la apología se realice con “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Sin prueba directa
En su opinión, la resolución "hace supuesto de la cuestión y dedica la mayor parte de su contenido a fundamentar lo obvio: la apología del franquismo -que no sólo no negamos, sino que es un imperativo moral del que esta Fundación se honra- y tan sólo dos o tres páginas a tratar de justificar la existencia de “menosprecio o humillación de las víctimas” sin hacer referencia a la más mínima prueba directa que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio -porque no las hay-".
Concluye la entidad que "se hace una interpretación extensiva de una norma desfavorable -vedada por la ley- en virtud de la cual la apología del franquismo implica per se dicha humillación o menosprecio al calificar la divulgación histórica de esta Fundación y de sus colaboradores de “negacionista” o “minimizadora de daños”, lo que supone una escandalosa vulneración del derecho a la libertad ideológica, de expresión y de cátedra recogidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española".