La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 ha reclamado a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la barrancada, el tique del aparcamiento en el que dejó su coche y en el que se despidió del presidente de la Generalitat Valenciana cerca de las 19 horas tras cuatro horas de almuerzo en el restaurante El Ventorro. La magistrada solicita el documento, que incluirá la hora en la que Vilaplana entró y salió con su vehículo del parking Glorieta-Paz, ubicado a unos 400 metros de local, a petición de una de las partes personadas en el procedimiento judicial. «Hasta qué momento la testigo Sra. Vilaplana acompañó al President, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada Salomé Pradas, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del ticket de entrada y salida del parking», indica en un auto dictado este viernes.. «Si bien ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024», agrega. La solicitud de pruebas a la mercantil responsable del aparcamiento «se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo». Maribel Vilaplana declara este lunes 3 de noviembre. Aunque la juez que instruye el procedimiento lo descartó hasta en dos ocasiones, al entender que escuchar a Vilaplana supondría investigar directamente la actuación de Mazón, que es aforado, la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado parcialmente el recurso de una de las acusaciones particulares. El órgano superior considera que esta diligencia es pertinente, pues puede aportar «información relevante», aunque debe limitarse a aquello que la testigo pudiera escuchar sobre las conversaciones telefónicas de Mazón con la exconsejera imputada Salomé Pradas o los comentarios que pudiera hacer sobre las decisiones que se estaban tomando en el Cecopi, el órgano que dirigía la emergencia, y la información que manejaban los asistentes a esa reunión, objeto de la causa judicial. No deben dejar de practicarse diligencias, aseveran, «por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez» una imputación contra Mazón y que tendrían que elevarse al Tribunal Superior de Justicia para que los valorara.
