Solo 30 penales, de 68 que hay en el país, tienen bloqueadores de celulares
En setiembre del año pasado agentes de la policía y la fiscalía ingresaron al pabellón 8 del penal de Piedras Gordas. El objetivo fue John Zafra Espinoza, un recluso condenado a cadena perpetua por hurto agravado. Durante la requisa a su celda, se encontró anotaciones de cuentas bancarias y números telefónicos de diversas empresas, lo que reforzó las sospechas sobre su participación en nuevos delitos.
Las evidencias halladas apuntaron a que Zafra Espinoza estaba involucrado en el presunto delito de hurto agravado de espectro electromagnético e ingreso indebido de equipos de comunicación.
Dentro del penal habría acceso a señales de WIFI, lo que permitiría la conexión con personas en el exterior para facilitar extorsiones.
Esta semana, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, dio a conocer una información que causó estupor: solo 30 de los 68 penales del país disponen de bloqueadores de celulares.
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En una entrevista con Exitosa el funcionario admitió incluso que la cárcel de Challapalca, considerado de máxima seguridad, no contaba con ese dispositivo.
“Estamos viendo el tema de licitaciones para ampliar su instalación, porque solo 30 penales de 68 tienen bloqueadores”, señaló el funcionario.
El presidente del Inpe también reconoció fallas en los reclusorios donde sí existen bloqueadores, pues algunos no funcionan adecuadamente.
Paredes aseguró que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, evalúa renegociar o convocar una nueva licitación para mejorar el servicio.
“Hay un contrato con una empresa. O la empresa mejora o se evalúa otro concurso, pero eso está a nivel ministerial”, precisó el titular del Inpe.
EMPRESA DEBE CUMPLIR CONTRATO
Al respecto, fuentes del Instituto Nacional Penitenciario informaron que el consorcio Prisontec, con quien el Ministerio de Justicia suscribió un convenio, tiene la responsabilidad de bloquear la telefonía celular y señal Wi-Fi en 33 establecimientos del país.
Asimismo, administrar los teléfonos públicos instalados en los establecimientos penitenciarios (conocidos como ‘teléfonos azulitos’), servicio de telefonía pública cuyo acceso es un derecho de toda persona privada de su libertad.
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La empresa Prisontec tiene, además, la obligación de poner en conocimiento de la Policía Nacional o el Ministerio Público, las llamadas de internos relacionadas a actividades delictivas. Sin perjuicio de comunicar al Inpe a fin de que adopte las medidas administrativas que correspondan.
En ese sentido, el Inpe invoca a la empresa Prisontec a cumplir con su contrato y completar el sistema de bloqueo de señal de celulares y Wi-Fi.
En efecto, de estar en funcionamiento dicho sistema de bloqueo no tendría sentido el ingreso de celulares -de manera subrepticia o ilegal- a los penales.
EJECUTAN OTRO MEGAOPERATIVO
Entre tanto, desde la noche del jueves el Inpe ejecutó un nuevo megaoperativo en los 68 penales del país donde se hallaron celulares, accesorios de celulares, bolsas con cocaína, objetos punzocortantes, parlantes y otros objetos prohibidos.
Además, se desinstaló todas las conexiones eléctricas de las celdas, con el objetivo de frustrar toda actividad ilícita que pueda organizarse desde los penales y atente contra la seguridad y tranquilidad de los peruanos.
“Estamos enfocados en erradicar todo acto ilícito que suceda en los penales y atente contra la seguridad ciudadana. Hacemos revisiones exhaustivas, pero también estamos avanzando con el apagón eléctrico”, dijo Paredes. Fue enfático en afirmar que los internos implicados en ilícitos penales serán trasladados a penales de mayor contención y alejados de su entorno.