Los préstamos de Plus Ultra y la sombra de Venezuela dispararon las sospechas de blanqueo

Las sospechas sobre el polémico rescate de Plus Ultra en 2021 han vuelto a emerger tras la operación policial del pasado jueves que se saldó con el registro de la compañía y las detenciones de su presidente, Julio Martínez, y su CEO Roberto Rosellini. La misma se enmarca en una nueva investigación penal, declarada secreta, en el marco de la cual se indaga un presunto blanqueo de capitales con dinero procedente de los 53 millones de euros que recibió del erario público y también del expolio de Venezuela.

No obstante, lo que llevó a los investigadores a estrechar el cerco a la compañía fueron los préstamos que firmó no solo después de recibir la millonaria ayuda, sino también antes, en 2017. Precisamente, una de las cuestiones más controvertidas ha sido la relativa a la verdadera solvencia de esta aerolínea que el Gobierno rescató en marzo de 2021 al incluirla dentro de las empresas estratégicas españolas afectadas por la pandemia.

Sin embargo, la investigación penal que arrancó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid arrojó serias dudas acerca de la viabilidad de que esta firma, que apenas tenía una flota de cuatro aviones cuando fue rescatada. La causa, que se impulsó por la actuación de las acusaciones populares, se archivó de forma abrupta por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que advirtió de que la juez imputó a la aerolínea sin haber prorrogado las diligencias.

Cuentas adulteradas

Al hacerlo fuera de plazo, todas las actuaciones que pudiera impulsar quedarían abocadas a la nulidad, motivo por el cual la juez Esperanza Collazos archivó provisionalmente la causa. Ahora bien, la misma arrojó serias dudas acerca de la idoneidad de la ayuda, especialmente, a tenor de lo dispuesto en el peritaje independiente que encargó la instructora y que se convirtió en la prueba estrella del procedimiento.

El trabajo, que en un principio ningún organismo estaba dispuesto a acometer, concluyó que la pequeña aerolínea no cumplía todos los requisitos para recibir los 53 millones de euros. En concreto, puso el foco en tres aspectos: la contabilización del alquiler de un avión, las provisiones de los procesos judiciales y la gestión de un préstamo suscrito con una entidad panameña.

En relación con el primero de los puntos se alertó de una incorrección en las cuentas de 2019 de 6,3 millones de euros provenientes de la calificación del arrendamiento de un avión como financiero en lugar de como operativo. El perito advirtió de que canceló una deuda cercana a los 9 millones de euros con bonistas gracias al alquiler de un avión cuyo valor contable no superaba los 2,7 millones de euros. Ello les reportó una ganancia de 6,34 millones de euros. La misma se reflejó en las cuentas de 2019. Las mismas eran claves ya que la SEPI puso como condición para otorgar el rescate que estuvieran saneadas.

El préstamo clave de Panacorp

En segundo lugar expusieron que las provisiones de 1,8 millones de euros que la compañía se reservó para pleitos judiciales deberían haber tenido su reflejo en la cuantificación del patrimonio neto a fecha de 31 de enero de 2020, algo que no ocurrió. Y en tercer lugar, pusieron el acento en el préstamo que Plus Ultra canalizó del banco panameño Panacorp en 2017 y que evitó la disolución de la compañía entonces. Llama la atención que Panacorp tenía bonos en Venezuela y, en concreto, en la petrolera PDVSA, cuyo expolio se investiga en la Audiencia Nacional.

El perito se extrañó del hecho de que, de los 6,3 millones de euros de préstamo, la compañía tan solo pudiera utilizar dos millones. El resto debía permanecer en una cuenta abierta a nombre de la aerolínea en la entidad Commonwealth Bank and Trust, ubicada en el paraíso fiscal de Dominica. En su peritaje, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, los expertos alertaron de que esta isla caribeña tenía consideración de paraíso fiscal, de acuerdo con el listado proporcionado por la Agencia Tributaria Española.

Sin embargo, la causa quedó en agua de borrajas (como así lo solicitaron a lo largo de todo el proceso la Abogacía General del Estado y la Fiscalía de Madrid) y la vía penal cerró la puerta a cualquier investigación por el rescate. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a rastrear el destino de los 53 millones autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez. La alarma se activó con las solicitudes de cooperación internacional recibidas de Francia y de Suiza. Estos dos países solicitaron autorización para proceder al registro de las viviendas de una presunta organización criminal investigada por un presunto blanqueo de capitales.

Blanqueo con el dinero del rescate

Dicha red la componían ciudadanos extranjeros nacionalizados españoles y un abogado español que habrían blanqueado dinero procedente del expolio de Venezuela. En concreto, de fondos públicos del programa social C.L.A.P (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) creado en 2016 para familias vulnerables y de venta de oro de Banco de Venezuela por valor de 30 millones de euros.

La Fiscalía situó a Plus Ultra en el mapa de esta presunta organización criminal al constatar que firmó préstamos con tres sociedades del entramado implicadas en la venta de oro. Dichos contratos, de acuerdo con la documental a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero. Dichas devoluciones se produjeron coincidiendo en tiempo con el ingreso de los 53 millones de euros de fondos públicos.

Al respecto, la investigación constató también que parte del oro presuntamente expoliado lo vendió la firma que concedió los préstamos a Plus Ultra a una sociedad de Emiratos Árabes. Dichos fondos se remitieron a una cuenta de Panamá, país donde radica el banco que salvó de la quiebra a Plus Ultra en 2017. La denuncia solicitó la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional pero tanto el juez de instrucción como la Sala de lo Penal determinaron no ser competentes para investigar los hechos.

En su respuesta conminaron a Anticorrupción a actuar ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por haber instruido ya la causa del rescate. Así pues, se actuó en ese sentido y dicho juzgado, en el marco de unas diligencias secretas, impulsó el operativo que se saldó con la detención de, por el momento, los dos responsables de la aerolínea.