La UCO analiza el historial laboral de Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue escarbando en el pasado laboral de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, considerada «fontanera» del partido por sus maniobras para desacreditar a mandos de ese departamento y al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La nueva investigación sobre Díez está dirigida por la Audiencia Nacional, y se investiga el presunto amaño de contratos públicos por parte de distintas empresas estatales en las que ha trabajado. Junto a ella, los agentes arrestaron al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández (verano de 2018-octubre de 2019) y al empresario vasco Antxon Alonso, socio del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una empresa que ganó obras públicas también bajo sospecha.
Esa compañía, Servinabar, fue registrada por la propia UCO en el marco del «caso Koldo». Las fuentes consultadas confirman a LA RAZÓN que las nuevas pesquisas contra Díez salen de aquel operativo, en el que se recogió una gran cantidad de información. La operación policial se prolongó durante tres días, desde el pasado miércoles hasta el medio día de este viernes. Las detenciones se precipitaron porque los investigados detectaron los seguimientos policiales. Además, la UCO ha sido especialmente cautelosa durante todas las jornadas, ya que el jefe de delitos económicos, el teniente coronel Antonio Balas, fue objetivo de Díez en sus labores como «fontanera» y no querían dar la impresión que la investigación es algún tipo de venganza.
Los agentes realizaron 19 registros en total en distintas provincias, como Sevilla, Madrid y Zaragoza. Todos estarían relacionados con la actividad laboral de Alonso, pero también con el papel de la constructora Servinabar. De hecho, al salir de la SEPI, Fernández figura como receptor de un sueldo por parte de la compañía durante, al menos, tres años. Se embolsó más de 200.000 euros. Ahora la UCO rastrea el patrimonio inscrito a su nombre durante los años que la trama estuvo operando.
Este viernes se registraron las sedes de Correos –donde Leire Díez trabajó hasta 2023–, la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (del Ministerio de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (dependiente de Transición Ecológica). Además, la Guardia Civil se personó en la empresa Cofivacasa, que está controlada por la SEPI.
El día anterior, los registros se llevaron a cabo en la propia SEPI, en Sepides, Enusa –donde también trabajó la «fontanera» del PSOE– y en Mercasa, además de en varios domicilios en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, o a la empresa Cemsal. Los tres detenidos han pasado el final de la semana en los calabozos de la Comandancia de Madrid. Pasarán ante el juez este sábado. Están investigados por posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.