Grupo de Puebla ve señales de ‘lawfare’ en la aprehensión de Arce
El Grupo de Puebla expresó este viernes su “profunda preocupación” por la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora y advirtió señales de “lawfare” en el proceso judicial en su contra.
“Sin emitir juicio sobre el fondo de las acusaciones, advertimos con inquietud el uso selectivo y políticamente oportuno del aparato penal, en un contexto regional donde el lawfare ha sido utilizado reiteradamente como herramienta de persecución política y de alteración de la competencia democrática”, señaló el foro político de izquierda en un pronunciamiento público.
La justicia determinó la detención preventiva del exmandatario por cinco meses en la cárcel de San Pedro, en el marco del proceso que enfrenta por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión como ministro de Economía, dentro del denominado caso Fondo Indígena.
Luis Arce es investigado por presuntamente haber autorizado desembolsos de recursos públicos del Fondo Indígena a cuentas particulares cuando se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
El Grupo de Puebla cuestionó que resulta jurídicamente confuso y políticamente sensible que hechos antiguos —conocidos o investigables con anterioridad— se activen penalmente solo después de concluido un mandato presidencial.
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“Este patrón, repetido en América Latina, erosiona la confianza en la justicia y debilita gravemente el Estado de Derecho. La justicia no puede convertirse en un instrumento de revancha política”, subrayó.
Asimismo, el foro recordó que la lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando se aplica de forma selectiva, y remarcó que la oportunidad de una imputación también constituye un elemento esencial del debido proceso.
“Exigimos que el expresidente Luis Arce sea tratado con plenas garantías procesales y con acceso a una defensa efectiva”, añadió el pronunciamiento.
El Grupo de Puebla anunció que mantendrá observación permanente sobre este caso, en defensa del Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la vigencia plena de los derechos políticos en la región.
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