Sanchismo: anatomía del legado de un daño institucional, ¿reversible?

Hay una forma de ejercer el poder que no consiste en violar las reglas, sino hacer que no importen. Así, nada se rompe, pero todo acaba desgastándose y tomándose por inútil. Cuando la ley no se cumple, sino que se administra, pierde toda su densidad moral, la que permite a una sociedad reconocerse en ellas y reconocer su valor para una vivencia y convivencia compartidas.

Es un método sin épica ni estridencia, pero devastador porque lleva el Estado de Derecho al terreno de lo negociable y crea máximas peligrosas. Sobre todo, dos: que la mayoría basta y que las consecuencias pueden revisarse. Y este método, con frío cálculo y parte de una opinión pública bien nutrida con fondos dependientes del Gobierno, ha sido el que ha ejercido Pedro Sánchez y la herencia que dejará a futuro.

La amnistía

Los indultos de 2021 a los condenados por el «procés» marcaron un punto de inflexión. No se defendieron como excepción fundada en circunstancias personales, sino como exigencia política para sostener la gobernabilidad.

La pena –aquella o cualquiera– ha dejado así de ser el final, para ser un inconveniente que puede ser revisable en función de necesidades parlamentarias. El precedente es estremecedor.

Con ese gesto se introdujo una idea que permanece y que es urgente borrar del sistema: la consecuencia jurídica puede subordinarse a la necesidad del poder.

La posterior reforma del Código Penal, eliminando la sedición y modificando la malversación mediante enmiendas urgentes, mientras se negociaba con los beneficiarios directos, confirmó el movimiento. El derecho penal, que existe precisamente para resistir la coyuntura, fue ajustado a ella. Este modo de proceder no se ha limitado al ámbito penal. Se ha convertido en forma habitual de legislar.

Los decretos-ley

El recurso sistemático al decreto-ley ha dejado de responder a situaciones de necesidad extraordinaria y forma parte ya de la vía ordinaria de gobierno. Lo excepcional se ha vuelto rutina. La urgencia ya no es justificación, sino método. Con ello, el Parlamento ha quedado desplazado de su función deliberativa, desvestido de su poder legislativo y reducido a instancia de convalidación, obligado a pronunciarse en bloque, sin capacidad real de enmienda ni debate sustantivo. Gobernar ha dejado exigir un sometimiento a la Cámara; Sánchez ha hecho que baste con administrarla, como las cuentas de un colmado.

Leyes ómnibus

A esa lógica se suma el uso recurrente de leyes ómnibus, que amalgaman materias heterogéneas bajo una misma tramitación acelerada. La técnica legislativa ha dejado de servir a la claridad del derecho y ha mutado en supervivencia parlamentaria. Normas de alcance estructural se han aprobado diluidas entre disposiciones accesorias, dificultando el control político y desactivando la responsabilidad individual del legislador. El Parlamento no sólo ha perdido centralidad; con Sánchez ha sido arrebatado de su sentido.

Ataques a la Justicia

Cuando se han visto intentos para frenar esta deriva, casi siempre han quedado en nada. Por ejemplo, cuando se intentó modificar por vía acelerada el sistema de renovación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, se produjo un conflicto institucional sin precedentes, que evidenció la disposición del poder político a forzar los márgenes del sistema. Lo relevante no fue sólo la maniobra, sino la disposición a llevarla a cabo. Y lo verdaderamente grave vino después.

La renovación del tribunal, con Conde-Pumpido a la cabeza, ha dejado instalada una percepción persistente de alineamiento con la mayoría parlamentaria. Con su presidente actual y, sobre todo, con las decisiones en torno a la amnistía, esa impresión se ha consolidado. El bloqueo del CGPJ, las vacantes en el Supremo y la prolongación indefinida de la anomalía completan un paisaje que hasta hace menos de diez años cualquiera hubiera pensado imposible, y que ha terminado de pintarse a finales de este mismo año, con la condena al fiscal general del Estado. De nuevo, además de una condena, queda la percepción. Su dependencia del Ejecutivo, reconocida sin rubor por el propio presidente, ha erosionado su legitimidad pública.

En justicia, la apariencia de independencia no es un matiz, sino la condición mínima de confianza. Cuando desaparece, la institución deja de ser garantía y pasa a ser sospecha.

Quiebra del sistema

El efecto acumulado no es una quiebra explosiva del sistema, sino algo más eficaz, y, por eficaz, peligroso: la normalización de que los límites son manejables; es decir: que los controles se rodean, que las consecuencias se ajustan, que el procedimiento puede forzarse. De esta forma, las normas siguen vigentes, pero ya no gobiernan al poder, sino que es el poder el que las gestiona.

Eso es lo específico del sanchismo: haber convertido la excepción en método, haber estirado cada margen –normativo, parlamentario, institucional– hasta hacerlo irreconocible. Y la consecuencia, porque todo trae consigo consecuencias, es, ante todo, moral y apela –hiere– sobre todo, al futuro. Porque en una democracia, el límite no es un obstáculo técnico, sino un freno moral. Porque en una democracia, no todo lo posible es aceptable y ni una mayoría es patente de corso para actuar sin frenos. Y cuando esa enseñanza se diluye, la política se transforma en un cálculo y corrosión, porque significa que la ley ha dejado de ser el marco en el que se acepta perder y pasa a ser un instrumento para no perder del todo. Ahí se rompe la confianza como expectativa racional de estabilidad. Este modo de ejercer el poder que Sánchez ha creado produce una cultura política basada en la astucia, no en la prudencia.

Cuando las reglas se adaptan a quien las necesita, dejan de ser propias y, por extensión, la obediencia se vuelve instrumental. El Parlamento deja de ser centro, para ser periferia, escenario y, en el mejor de los casos, instancia de ratificación.

Las instituciones de control ya no son capaces de clausurar conflictos, sino, al contrario, los prolongan. El clima social que esto deja abre las puertas a futuros terribles que deberían hacernos pensar. Sobre todo, a quienes aspiran a gobernar España y responder a su futuro inmediato.

La vía de salida

La respuesta no es inventar nuevas normas. Las normas están. El problema es que han dejado de imponerse como condición previa al poder, Habrá que reformarlas. Habrá que aprobar leyes nuevas también. Pero fiarlo todo a un futuro de legislación es pedirle a la legislación demasiado. Elevar el coste del abuso no es técnica, sino política. Es decisión política que gobernar al filo tenga precio; que legislar por decreto no sea cómodo; que el Parlamento recupere su función real; que las instituciones de control recuperen autoridad. Pero incluso esto no será suficiente si no se afronta lo decisivo. Gobernar con límites exige aceptar pérdidas y asumir consecuencias; renunciar a ventajas cuando su precio sea degradar las reglas comunes. En definitiva, que el éxito no se mida sólo en la permanencia. Restaurar una cultura del límites exige aceptar que perder dentro de las reglas es plenamente legítimo y válido.