Presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial de Perú Primero

El ciudadano Luis Miguel Caya Salazar presentó una tacha contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra (Perú Primero) exigiendo su exclusión del proceso electoral alegando que fue condenado con sentencia firma, lo que representaría un impedimento "aún cuando el candidato alegue rehabilitación penal".

De acuerdo con el documento presentado ante el Jurado Nacional Electoral de Lima Centro 1, el hermano del expresidente Martín Vizcarra fue "condenado mediante sentencia firme, en su condición de funcionario público y en calidad de autor, por el delito de peculado (delito de corrupción de funcionarios)".

En la sentencia, explica Caya Salazar, se impuso una pena privativa de la libertad suspendida, que fue consentida y ejecutoriada, tal como el mismo candidato dejó constancia en la declaración jurada de su hoja de vida.

Pese a ello, el ciudadano sostiene que así exista rehabilitación penal, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones indica que "no pueden ser candidatos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad".

Ante ello, Caya refiere que el Jurado Electoral Especial admitió a trámite la candidatura, sin efectuar un pronunciamiento de por qué no se aplicó dicha norma.

"La rehabilitación penal no elimina el impedimento electoral previsto en el literal J), dado que el legislador ha establecido expresamente que este impedimento subsiste aun cuando exista rehabilitación, diferenciándolo de otros supuestos normativos", fundamenta Caya.

Precedente

El Jurado Nacional de Elecciones ha mantenido de forma consistente este criterio en distintos casos, como el del ciudadano Luis Dante Zubia Cortez, coprocesado en el mismo proceso penal que el actual candidato, cuya exclusión fue ratificada por el JNE y cuya posterior demanda de amparo fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

Este antecedente demuestra una aplicación sostenida, razonable y proporcional del impedimento para postular en casos vinculados a delitos de corrupción, aun cuando se invoque una supuesta rehabilitación penal.