Bolaños afronta en 2026 el reto de completar "la mayor transformación de la Justicia en décadas"

El Ministerio Justicia arranca 2026 con el objetivo de intentar completar lo que el ministro Félix Bolaños ha definido como "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

Por delante, dos leyes que han de superar el trámite parlamentario, como son la de Ampliación de las Carreras Judicial y Fiscal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y avanzar en la anunciada nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Entre las normas que se encuentran en tramitación parlamentaria está el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y el Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que supone, según el Gobierno, "la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del poder Judicial en los últimos 40 años".

Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde deberá superar, entre otros, el rechazo ya anunciado por Junts.

En concreto, este proyecto, que incluye un aumento de jueces, fiscales y magistrados, se centra en cinco ejes: promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial, buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia, aumentar los efectivos, mejorar su carrera profesional e impulsar la pluralidad y transparencia de sus estructuras.

Uno de los puntos que más polémica generó de esta reforma, incluso con una huelga el pasado verano, es el proceso para estabilizar a los jueces y fiscales sustitutos con la convocatoria de 1.004 plazas para ellos (673 para jueces y 331 para fiscales).

Mientras Justicia defiende que así se da "cumplimiento a los estándares europeos sobre el trabajo de duración determinada en el ámbito judicial", varias asociaciones de ambas carreras han venido denunciando que pone en riesgo su independencia. Además, estas plazas se suman a otras 1.500 que se convocarán en tres años.

También modifica el sistema de acceso a las carreras e introduce, además de una prueba tipo test y otra oral, una escrita para valorar el razonamiento jurídico de los aspirantes.

Y habrá modificaciones en el cuarto turno de acceso a la carrera judicial, con lo que la convocatoria del turno libre de oposición será simultánea al acceso por cuarto turno, por el que los juristas de reconocida competencia y más de 10 años de ejercicio pueden acceder por medio de la evaluación de méritos y una prueba escrita. Se convocará una plaza de cuarto turno por cada tres plazas para el turno libre. También se crea el cuarto turno en la carrera fiscal.

En cuanto al sistema de oposiciones para acceder a los puestos de juez, fiscal o magistrado, se incluye el derecho de los aspirantes a solicitar una beca similar, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante cuatro años. En este punto, se sitúa al Centro de Estudios Jurídicos de Madrid como centro público de preparación de oposiciones a fiscales, jueces, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia.

Esta norma también se centra en el desarrollo de la carrera profesional, estableciendo el ascenso automático de jueces y magistrados por antigüedad cinco años después del ingreso en la carrera.

Enjuiciamiento criminal

También se encuentra en su periplo parlamentario el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), el cual también ha recibido numerosas críticas, tanto de la oposición como de las asociaciones de jueces.

Una de las quejas se debe al hecho de que esta norma deja en manos de los fiscales la investigación penal, en un proceso que estará controlado por una nueva figura: el juez de garantías. Tras esto, un segundo juez tendrá que decidir si se abre o no juicio oral y un tercero juzgará los hechos.

Al mismo tiempo, regula la acusación popular, dejando fuera de ella a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos. Además, marca los delitos en los que se puede ejercer esta acusación, entre ellos, los de corrupción, los delitos contra los derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos.

Además, la Loecrim incluye también una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que busca principalmente fortalecer su autonomía. Para ello, y entre otras medidas, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y no estará sujeto al Gobierno de turno como ocurre ahora.

Justicia gratuita

Lejos aún de la tramitación parlamentaria, ya que aún deberá pasar por el Consejo de Ministros, está uno de los últimos anuncios de Bolaños: una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "en los primeros meses de 2026", la cual definió como "la última pieza" que le falta al conjunto de reformas judiciales que está llevando a cabo su departamento.

Así responde a una de las principales reclamaciones de la Abogacía española, que lleva años pidiendo una nueva legislación reguladora de la Justicia Gratuita y ante lo que el ministro se comprometió en numerosas ocasiones con el colectivo, respondiendo a sus demandas y trabajando conjuntamente para incluir, entre otros, la actualización de los baremos y la mejora de las condiciones de los profesionales. De hecho, el pasado año, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, pidió que la asistencia gratuita fuese "una cuestión de Estado".

Otros retos

Por último, esta transformación de la Justicia también cuenta con otra norma cuya última fase se completó ayer, 31 de diciembre: la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la transformación de los alrededor de 3.800 juzgados unipersonales en 431 tribunales de Instancia. Los últimos cien en activarse han sido los de grandes partidos judiciales como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Palma y Valladolid.

Eso sí, en Oviedo, Gijón y Avilés se pondrán en marcha el 15 de febrero, ya que Justicia les dio cierta flexibilidad para que completasen los últimos "ajustes técnicos". En este sentido, el ministerio destacó que los primeros 300 en activarse desde julio ya funcionaban "sin incidencias destacables".

Sin embargo, algunas asociaciones, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), alertaron, entre otros, del riesgo de "colapso". Incluso los decanos de más de 50 grandes capitales y la Audiencia Nacional solicitaron el aplazamiento de su implementación.

Y aunque no forma parte de esta transformación judicial ni depende únicamente del departamento que dirige Bolaños, sobre la mesa también está una nueva ley integral contra la corrupción que forma parte del Plan Anticorrupción del Gobierno, presentado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en agosto.

Una norma esta que el propio ministro defendió en octubre señalando que en España "existen distintas normas que ponen barreras, castigos, infracciones y penas a un comportamiento que pueda ser corrupto y delictivo", por lo que permitirá, "de una manera integral, conocer todas las cuestiones que tenemos que abordar para ser realmente eficaces en la lucha contra la corrupción".