“La autopsia no ve cuerpos negros”, así lo informa el SML de Chile en el caso Dageline
La muerte de Dageline Verce St Alvord, niña afrodescendiente chilena de dos años, ocurrida el 18 de julio de 2025 en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, constituye un hecho que trasciende con creces el ámbito de una tragedia individual. El análisis del informe de autopsia N° 06-RAN-AUT-280-25, emitido por el Servicio Médico Legal (SML) de Rancagua y suscrito por el médico legista Dr. Iván Lastra López, expone con claridad una problemática estructural largamente invisibilizada: la incapacidad del sistema forense chileno para evaluar adecuadamente cuerpos afrodescendientes, debido a protocolos diseñados bajo parámetros etnicoraciales implícitos que no reconocen la diversidad humana.
Desde el Trabajo Social, disciplina históricamente vinculada a la defensa de los derechos humanos, la protección de la niñez y la denuncia de las desigualdades estructurales, este caso obliga a una reflexión crítica sobre el rol del Estado y sus instituciones cuando se enfrentan a cuerpos racializados.
El informe pericial establece como causa de muerte una asfixia por cuerpo extraño, específicamente un “globo plástico azul”, en contexto de accidente ocurrido en un establecimiento educativo. La niña, de 97 centímetros de estatura y 14 kilogramos de peso, fue sometida a examen externo e interno conforme a las guías tanatológicas vigentes del SML. Sin embargo, el propio documento reconoce de manera explícita una serie de limitaciones técnicas directamente asociadas al color de piel oscura de la víctima, lo que introduce una grieta profunda en la competencia y confianza institucional así como en el derecho a la verdad.
En el examen externo, el perito consigna la presencia de livideces cadavéricas confluentes, violáceas y desplazables, pero señala textualmente que “no es factible estimar la cantidad, ya que el color de piel dificulta su visualización”. De igual forma, al examinar los pabellones auriculares, el informe indica que “no es factible evaluar palidez o cianosis”, nuevamente atribuyendo esta imposibilidad a la pigmentación cutánea.
Desde una perspectiva social y ética, estas afirmaciones son extremadamente graves. La evaluación de livideces, palidez y cianosis no constituye un aspecto accesorio del examen tanatológico, sino un elemento central para establecer temporalidad, mecanismo de muerte y eventuales signos de violencia o sufrimiento previo. Cuando una institución reconoce que no puede observar adecuadamente estos signos debido al color de piel, lo que se pone en evidencia es una brecha estructural en la producción de verdad pericial, con consecuencias directas en el acceso a la justicia.
El informe describe además la presencia de múltiples petequias craneales y congestión en órganos como el encéfalo, pulmones e hígado, hallazgos compatibles con procesos asfícticos. No obstante, la ausencia de referencias a metodologías complementarias específicamente adaptadas a pieles oscuras —como el uso prioritario de histopatología, técnicas de iluminación especializada o herramientas espectrofotométricas— deja abierta una interrogante legítima respecto del alcance real y seriedad del análisis forense efectuado.
La medicina legal no es una ciencia neutra. Históricamente, sus métodos han sido desarrollados sobre cuerpos blancos europeos, asumidos como universales. La literatura científica internacional ha demostrado que esta supuesta universalidad produce sesgos sistemáticos cuando se aplican los mismos criterios a cuerpos de piel oscura, afectando la detección de lesiones, la interpretación de signos clínicos y la precisión diagnóstica (Taylor et al., 2010). Persistir en estos métodos sin adaptación no constituye una simple omisión técnica, sino una forma de discriminación institucional indirecta.
Resulta imprescindible incorporar un enfoque interseccional. Dageline no solo era una niña; era una niña afrodescendiente, hija de familia migrante haitiana, inscrita en el sistema chileno bajo el RUT 27.977.122-2, perteneciente a un grupo históricamente racializado y con menor capacidad de incidencia frente a las instituciones del Estado. La combinación de niñez, racialización y migración configura un escenario de vulnerabilidad agravada que exige un estándar reforzado de diligencia estatal.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha recomendado reiteradamente a Chile adoptar medidas concretas para garantizar que sus sistemas de justicia y salud incorporen protocolos cultural y racialmente adecuados, especialmente en contextos que involucren personas afrodescendientes (CERD, 2019). La admisión expresa de limitaciones técnicas por parte del propio Servicio Médico Legal demuestra que estas recomendaciones continúan sin materializarse en la práctica cotidiana.
La problemática se vuelve aún más preocupante si se considera que el SML cumple un rol clave en la cadena de administración de justicia. Un informe pericial con limitaciones reconocidas en la observación de signos fundamentales no solo afecta a una familia en particular, sino que debilita la credibilidad, la competencia y la confianza pública en el sistema judicial, especialmente entre comunidades afrodescendientes y migrantes que ya enfrentan barreras estructurales de acceso a derechos.
No es aceptable que el Estado responda a estas falencias con explicaciones técnicas descontextualizadas. La técnica, cuando no se revisa críticamente, se convierte en un mecanismo de reproducción de desigualdades. El derecho a la verdad, a la justicia y a la no discriminación no puede depender del color de piel del cuerpo examinado.
Desde mi experiencia profesional, además, numerosas mujeres negras víctimas de violencia de género —incluidas agresiones físicas directas— me han reportado de manera reiterada que los informes médico-legales concluyen en fórmulas estandarizadas como “no se observan hematomas visibles”. Esta carencia técnica no sólo desestima el testimonio de estas víctimas, sino que contribuye activamente a su revictimización institucional.
El caso de Dageline Verce St Albord debe ser comprendido como un punto de inflexión. Exige una revisión profunda de la formación profesional, los protocolos tanatológicos y las herramientas tecnológicas del Servicio Médico Legal, incorporando enfoques antirracistas, interculturales y acordes a la diversidad real de la sociedad chilena. La justicia no puede seguir operando con estándares que invisibilizan ciertos cuerpos y jerarquizan otros.
Una justicia que es incapaz de leer con rigor los cuerpos afrodescendientes no puede considerarse neutral ni simplemente deficiente: es una justicia que, amparada en el lenguaje técnico y en una supuesta objetividad científica, reproduce y legitima las desigualdades históricas propias del racismo estructural. El informe médico-legal del caso Dageline constituye la evidencia más paradigmática de esta problemática.
Para cualquier cientista social comprometido con los derechos humanos, resulta inaceptable que intervenciones periciales carentes de enfoque etnicorracial se encuentran normalizadas en un país marcado por una profunda diversidad étnica y cultural y, más grave aún, que dichos sesgos raciales continúen siendo reproducidos por las instituciones llamadas a garantizar verdad, justicia y reparación.