CAL exige garantías constitucionales para preservar equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos
Tras la reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desactivar diversos equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad, como, por ejemplo, Lava Jato y Cuellos Blancos, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) salió al frente y exigió garantías constitucionales para que no se detengan estas indagaciones.
A través de un comunicado, el CAL exhortó al Ministerio Público a asegurar la continuidad de estas investigaciones de grave impacto social por involucrar a jueces, fiscales y políticos involucrados en actos de corrupción. “La especialización de estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la eficacia profesional”, señaló.
Afirmó también que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituyen una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno. “La estabilidad de las investigaciones en curso es un pilar fundamental de la seguridad jurídica, la cual se ve vulnerada cuando estructuras técnicas consolidadas son modificadas sin una justificación que garantice la eficacia procesal”, agregó.
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Esta posición del Colegio de Abogados de Lima se da dos días después de que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializara la disolución no solo de los grupos que investigaban los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto sino también de los Equipos Especiales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y para los Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip).
Con esa decisión, Gálvez dio por concluida las funciones de Rafael Vela Barba como coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de José Domingo Pérez, uno de los principales investigadores del caso Odebrecht. Lo mismo pasó con Vanessa Díaz en Eficcop y de Alfonso Barrenechea en el Equipo Especial de los Cuellos Blancos del Puerto.
“La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes (6 de enero), pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo", dijo, a fines de diciembre, el fiscal de la Nación interino en un programa de Willax.
Piden mayor actuación
Debido a esta situación, el Colegio de Abogados de Lima manifestó que resulta imperativo que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que brinde certeza sobre el reordenamiento institucional.
“Las decisiones de la alta dirección fiscal deben estar estrictamente fundamentadas en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional que puedan ser percibidas como un retroceso en la autonomía de los magistrados a cargo”, respondió.
El CAL sostuvo que la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia depende de la predictibilidad y la firmeza con la que se sancionen los actos de corrupción, independientemente del contexto político en que ocurrieron.