Asuntos Internos requisa los móviles de los tres mossos investigados por la fuga de Puigdemont

La Unidad de Asuntos Internos de los Mossos dEsquadra ha requisado ya los móviles de los tres agentes autonómicos investigados por encubrimiento por la fuga de Carles Puigdemont en agosto de 2024 en Barcelona. Según ha podido confirmar LA RAZÓN, la incautación de los dispositivos se ha producido esta misma mañana, más de un mes después (parón navideño de por medio) de que el pasado 9 de diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, María Antonio Coscollola, acordara la medida a instancias de la Audiencia Provincial de Barcelona tras admitir un recurso de Hazte Oír.

El objetivo de la magistrada es encontrar posibles comunicaciones con el expresidente de la Generalitat en las fechas claves de la huida del líder de Junts ese 8 de agosto de 2024, para intentar esclarecer si los tres mossos -David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo- actuaron en connivencia con Puigdemont para ayudarle a burlar la orden de detención que mantenía (y mantiene) en vigor contra él el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés".

Aunque en su resolución Coscollola ordenó la "recogida" o, en su caso, la "intervención forzosa" de siete móviles vinculados a los agentes, según estas mismas fuentes los investigados no han sido citados en el juzgado para entregar los dispositivos voluntariamente, sino que estos les han sido requisados por sus compañeros de la unidad de Asuntos Internos.

Posible borrado

Ahora, los Mossos analizarán el contenido de esos teléfonos entre el 8 de julio de 2024 (un mes antes de la segunda huida del expresident) y el 9 de agosto de ese mismo año, 24 horas después de que abandonara nuestro país rumbo a Waterloo (Bélgica).

Desde Asuntos Internos, no obstante, ya se advirtió a la instructora de las dificultades con las que pueden toparse en ese análisis dado el tiempo transcurrido (casi año y medio desde que se produjeron los hechos) y la "dilatada experiencia" de los tres mossos imputados. Anticipaban, de hecho, un posible borrado de los mensajes.

En todo caso, puesto que las compañías de telefonía móvil solo tienen la obligación legal de conservar un año los datos de los clientes, los Mossos expusieron a Coscollola -una vez la Audiencia de Barcelona le obligó a seguir esa línea de investigación a la que se había negado a petición de la acusación popular- que la incautación de esos dispositivos era el único cauce para intentar acceder a esos mensajes, incluso en el caso de que hubieran sido eliminados.

Sobre la mesa, no obstante -apuntaban-, existe la posibilidad de que utilizasen otros teléfonos o tarjetas prepago para dificultar su identificación, que hubiesen procedido a "estropear o cambiar sus terminales móviles" o que hubieran ejecutado "un restablecimiento del sistema operativo severo". Barreras todas ellas que ahora se interpondrían ante el objetivo de acceder a esas comunicaciones clave.

Decisión sobre la prórroga

Los agentes procederán ahora, tal y como les ordenó la magistrada, al "volcado, análisis y estudio" de los móviles para escudriñar en "los flujos de comunicaciones vía llamada, SMS o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea u otros sistemas de comunicación oral, escrita o telemática" en busca de posible comunicaciones "entre los investigados y algún número vinculado" a Puigdemont.

Coscollola tiene ahora que decidir si amplía la investigación seis meses más, como le ha pedido Hazte Oír (que está a la espera de que la Audiencia de Barcelona se pronuncie sobre varias diligencias denegadas por la instructora), o archiva el procedimiento, como le reclama la defensa de los tres imputados, que considera que de otro modo se estaría propiciando una "causa general" de la que responsabiliza a la acusación popular.

En el escrito en el que se oponen a que se amplíe la instrucción más allá del próximo 9 de febrero, los abogados de los tres agentes, Isabel Elbal y Gonzalo Boye, aseguran -tal y como adelantó este periódico- que ya se han practicado "numerosas diligencias de investigación", por lo que "no es necesario prorrogar la instrucción, excepto para la acusación popular, quien pretende a toda costa realizar una investigación prospectiva o causa general a partir de los concretos hechos investigados".

Diligencias en el alero

"Ninguna justificación válida en Derecho se da en estos momentos para prolongar la fase de instrucción", argumenta la defensa, "más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos investigados y la posible participación de sus autores".

Por contra, Hazte Oír considera que la instrucción debe seguir al estar pendiente la decisión de la Audiencia Provincial sobre peticiones de investigación que han sido denegadas por la magistrada, entre ellas la petición a los Mossos dEsquadra de que identifiquen al "máximo número de personas que pudieron escoltar o estar junto al Sr. Puigdemont" ese 8 de agosto o la de analizar todas las grabaciones efectuadas por la Policía autonómica y por las cámaras situadas en los aledaños del Arco del Triunfo (donde se celebró el acto independentista al que acudió Puigdemont coincidiendo con la sesión constitutiva del Parlament).