El Congreso de los Diputados comienza los trámites para decidir si expulsa a Vito Quiles
- Los hechos que motivan el expediente a Vito Quiles
- La Mesa del Congreso y el procedimiento sancionador
- Reclamaciones de Sumar y antecedentes recientes
- El nuevo marco normativo y la actividad periodística
El Congreso de los Diputados ha activado el procedimiento para determinar si Vito Quiles, periodista de Estado de Alarma, debe ser sancionado e incluso perder su acreditación parlamentaria.
Según ha podido saber Confidencial Digital, el proceso se ha puesto en marcha tras la reunión del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que ha apreciado posibles infracciones del nuevo Reglamento, aunque todavía falta un paso clave: la elaboración de un informe por parte de un letrado de la Cámara.
Ese dictamen abrirá un periodo de alegaciones para el afectado y, posteriormente, el expediente volverá al Consejo con carácter informativo. La decisión final corresponderá en todo caso a la Mesa del Congreso, único órgano con capacidad para imponer una sanción.
Fuentes del sector periodístico recuerdan que los representantes de los medios en el Consejo no proponen ni votan sanciones. “Nosotros exponemos los hechos que afectan al trabajo. No participamos en propuestas punitivas. Quien decide es la Mesa, sobre el dictamen de los letrados”, explican.
Los hechos que motivan el expediente a Vito Quiles
El origen del procedimiento se remonta al pasado 20 de noviembre, cuando Vito Quiles grabó con su teléfono móvil al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro del Congreso, sin autorización previa. La actuación fue denunciada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) al considerar que vulneraba el nuevo marco normativo.
Según fuentes parlamentarias, Quiles habría grabado también en otra ocasión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante un acto en la Cámara, lo que podría derivar en un segundo expediente si se considera que concurren hechos distintos sancionables.
La Mesa del Congreso y el procedimiento sancionador
El Reglamento establece un proceso escalonado. La Mesa analiza los hechos, ordena la incoación del expediente, un letrado instruye el caso, se abre un plazo de alegaciones y, finalmente, se dicta una resolución motivada. Las sanciones previstas van desde un apercibimiento hasta la suspensión temporal de la acreditación, en función de la gravedad.
El plazo máximo para resolver es de seis meses desde la incoación.
Reclamaciones de Sumar y antecedentes recientes
Además del caso de Quiles, la Mesa estudiará otras quejas presentadas por el grupo parlamentario Sumar, así como el expediente abierto previamente al periodista Bertrand Ndongo. En ese caso, se denunciaron interrupciones reiteradas durante una rueda de prensa, conducta tipificada como infracción grave.
El nuevo marco normativo y la actividad periodística
La reforma del Reglamento, aprobada en julio de 2025, delimita con precisión quién puede grabar, dónde y en qué condiciones. Solo reporteros gráficos y operadores acreditados pueden captar imágenes desde zonas habilitadas y con autorización. Los redactores no pueden grabar “en ningún caso”.
En enero, la Mesa del Congreso comenzará a aplicar este marco con varios expedientes abiertos, en un contexto de debate sobre los límites del periodismo parlamentario y el equilibrio entre orden institucional y derecho a la información.