«Cerrada la Comisión Mixta, retomamos la iniciativa y abrimos una nueva fase de negociación», ha dicho el lendakari Imanol Pradales, un día después de sellar el acuerdo por el que hoy se hacen efectivas cinco nuevas transferencias al País Vasco. El Gobierno autonómico trasladó en octubre una carpeta con diez propuestas para «completar el Estatuto de Guernica», un compromiso adquirido por Pedro Sánchez con el PNV para lograr su apoyo en 2023, cuyos plazos ya están sobrepasados, y donde se abre la puerta a que la región entre en la «cogestión» de los tres aeropuertos vascos. «Estamos preparando un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos», ha advertido Pradales durante un acto con la fundación Vital. Un texto «clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político», que pasa por las diez propuestas trasladadas en el mes de octubre. Entre ellas, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o relativas a infraestructuras como el Puerto de Pasajes (Guipúzcoa), un asunto sobre el que hay discrepancias con sus socios del Partido Socialista de Euskadi. En el documento, que expuso entonces la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, en un desayuno informativo en Vitoria, se incluía además una referencia genérica al sector público estatal. Esta hacía referencia a la búsqueda de «fórmulas de colaboración» para que las instituciones vascas «participen en los órganos de administración y gestión de las empresas y entes públicos del Estado cuya gestión de negocios esté radicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco». Es ahí donde se enmarca la petición de formar parte de la gestión de los tres aeropuertos vascos (Loiu, Foronda y Fuenterrabia). Fue en la última Comisión Bilateral, celebrada el 15 de julio de 2024 entra Sánchez y Pradales, cuando ambas partes acordaron crear una subcomisión para estudiar la «viabilidad y las fórmulas negociales» de cara a que «Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general» situados en la comunidad autónomas. Una cesión a la que en fechas recientes se ha opuesto el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, por la propia regulación de la operadora aeroportuaria. Tal y como reconocía el propio Gobierno vasco puesto que cuenta con capital privado y cotiza en bolsa. Concretamente, un 51% del accionariado de la titular de los aeródromos pertenece al Estado y un 49% a actores privados, que ya han rechazado la medida. A finales de septiembre, la sociedad estatal hizo públicas las quejas de uno de sus accionistas (TCI Fund, con un 6% del capital), en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante las noticias que se venían conociendo por los medios de comunicación sobre el asunto. En él, Aena salía en defensa de la «gestión integrada» de los aeropuertos, en contra de la participación de las comunidades autónomas (el Govern de Cataluña también mantiene una posición similar al del País Vasco). Todo ello, justificado en base al «buen funcionamiento de la economía española, los derechos que asisten a sus accionistas (públicos y privados), y, sobre todo, la especial y sólida protección que el marco legal y constitucional vigente y la estructura accionarial de Aena proporcionan al sistema aeroportuario». La sociedad reclamaba entonces «respeto» al modelo, en un momento en el que inicia un periodo de «fuertes inversiones» para modernizar sus infraestructuras (13 mil millones de euros para el periodo 2027-2031). «A día de hoy, ninguna propuesta, proyecto o decisión políticos que conozca Aena ha alcanzado el grado de concreción y madurez que requiriera una actuación de la Sociedad, que sería inmediata y contundente», advertían sobre la posibilidad de tomar acciones en defensa de la legalidad y de los derechos de los accionistas.
