La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP , Cuca Gamarra, ha pedido cuentas este sábado al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por el «caos» que, según ha denunciado, ha provocado la «precipitada» y «poco realista» aplicación de la ley de eficiencia de la Justicia. A través de una nota de prensa, la dirigente popular ha acusado al Gobierno de estar «desmontando» el sistema judicial y ha alertado de las «graves consecuencias» que, desde su punto de vista, está generando «la imposición» del calendario de aplicación de la citada norma. Por eso, el PP exige que Bolaños comparezca en sede parlamentaria para responder por el «desconcierto» y el «colapso» que, dicen, ha provocado el nuevo modelo de organización de los tribunales y para reclamarle medidas al respecto. Según Gamarra, esta situación llega después de que, al acabar 2025, se tuviese que completar por ley la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, mediante un «calendario impuesto» que ha resultado «poco realista» y ha tenido «graves consecuencias» como unos tribunales «atascados» y sumidos en el «desconcierto y el colapso». «El Gobierno quería llegar al 1 de enero de 2026 con una foto, pero le da igual que la Justicia no funcione», ha protestado Gamarra, acusando al ministro de intentar «reorganizar» la Justicia «de espaldas» a todos los colectivos judiciales «que la hacen funcionar cada día». En este sentido, Gamarra exige a Bolaños que ponga en marcha medidas para resolver, cuanto antes, los problemas que está generando su ley: «Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa», ha lamentado. El PP lleva meses denunciando la inseguridad jurídica, el bloqueo de la Justicia, las dificultades entre los operadores judiciales y las disparidades interpretativas de una norma que, en su opinión, está suponiendo la implantación de esta ley. En este contexto, los de Alberto Núñez Feijóo alertan de que los retrasos provocan «vulneraciones de los derechos de los ciudadanos» y llevan a los juzgados «a situaciones absurdas de reparto, custodia y separación de tareas». Para Gamarra, la ley de eficiencia judicial está suponiendo «otro desastre legislativo» del Gobierno, cuando lo que habría que hacer es «eliminar obstáculos» y reforzar los medios con los que cuenta el sector para eliminar todo atisbo de «inseguridad jurídica». Además, ha apuntado que en materia de violencia de género, la 'ley Bolaños' está generando un efecto disuasorio en las víctimas a la hora de interponer denuncias, puesto que, en muchos casos, la mujer se ve obligada a desplazarse más de 80 km para declarar contra su agresor.
