¡Qué delicada responsabilidad tenemos los electores!
Como electores en las próximas elecciones nacionales para elegir la fórmula presidencial y a los 57 diputados a la Asamblea Legislativa, es pertinente recordar, a propósito, varios elementos preponderantes que estructuran y dan funcionalidad a nuestro Estado de bases republicanas y democráticas: una Constitución Política, tratados y convenios internacionales, leyes ordinarias, tres poderes de la República, independientes y complementarios, el Tribunal Supremo de Elecciones, instituciones de ejecución y control de políticas públicas, una sociedad civil organizada en cuerpos intermedios y una cultura sociopolítica de convivencia pacífica, fraterna, solidaria.
Hemos vivido bajo la buena sombra de un Estado social de derecho que ha tutelado el bien común y, con ello, logrado equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo social para beneficio de todos.
Con esta concepción democrática, humanista, de Estado, los costarricenses hemos vivido en paz, concordia, con justicia social y libertades sin miedos, superando desaciertos de las administraciones y valorando innegables aportes al desarrollo de Costa Rica. La Historia no miente: conserva aciertos y errores, éxitos y fracasos, progresos y atrasos, en el desarrollo de nuestra sociedad.
Los costarricenses hemos privilegiado la forma pacífica, dialogada, de resolver nuestras diferencias; la libertad de prensa, información, opinión y crítica a los gobernantes, por sus errores y desvíos de los valores, principios y procedimientos democráticos. Hemos preferido la tolerancia, el respeto a la dignidad, el diálogo, el consenso, la cooperación interinstitucional y los acuerdos, porque nos han permitido construir el país que tenemos.
La presente administración, con sus imposiciones autoritarias, confrontaciones, odios, violencia, intimidaciones, amenazas, polarización del pueblo y ataques a la institucionalidad republicana democrática, ha evidenciado su incapacidad de gobernar Costa Rica, estructurada como república y administrada democráticamente, con pesos y contrapesos de control político, propios de una auténtica y sólida democracia, a efectos de evitar la concentración perniciosa del poder en una sola persona. ¡Dictadura!
Ha habido manifiestos y reiterados intentos de tergiversar nuestro ordenamiento jurídico-social, de querer actuar desde el Poder Ejecutivo sobre la ley. Además, alarma el deterioro del Estado social de derecho, al reducir presupuestos del sector social; incluida la reprochable negativa de pagar a la CCSS –lo que causa un grave deterioro en la calidad de los servicios médicos para la población, sobre todo de quienes no pueden pagar la medicina privada– mientras prefieren mantener indicadores macroeconómicos, en perjuicio del desarrollo y el bienestar sociales.
Tan preocupante panorama de la vida nacional, engendrado por esta administración con odios, violencia, división, inseguridad, miedos, distorsiones de la verdad y la realidad, y constantes victimizaciones, debe llamar al cuidadoso análisis de las propuestas de las candidatas y los candidatos a la presidencia y a las diputaciones. Sin duda, los electores tenemos una delicada responsabilidad el próximo 1.° de febrero.
Primordialmente, toca examinar la trayectoria de vida de los contendientes, su respeto y compromiso para cumplir, sin excusas ni dobles morales, con el ordenamiento jurídico-social de nuestra vida republicana y democrática; su disposición para resolver los graves problemas que tanto agobian al pueblo, y de conciliar para lograr las reformas que requiere nuestro Estado y la legislación costarricense en democracia y con más democracia, sobre la base del diálogo y los acuerdos patrióticos.
Costa Rica necesita una presidenta o un presidente que exalte y honre tan prominente cargo público, y reconstruya la unidad nacional, la paz, la seguridad y la confianza de los costarricenses, en un ambiente nacional de progreso, oportunidades, tranquilidad, respeto, bienestar y justicia social. Que promueva el bien común, escuche con humildad y resuelva sin confrontaciones ni distorsiones, y que enfrente con responsabilidad, nobleza y ética la justicia costarricense, si fuese investigada/o por algún supuesto delito.
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Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.