El sector del campo gallego valora positivamente la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a tener que pronunciarse sobre el acuerdo entre los 27 y Mercosur después de que el Parlamento Europeo así lo decidiese ante las dudas de que el pacto sea compatible con el Derecho comunitario. Después de más de una semana de protestas, los ganaderos concentrados en Lugo han recibido con mucha alegría este movimiento. Según ha podido recoger Ep, las entidades convocantes de estas acciones, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, consideran que las noticias que llegan de Bruselas son esperanzadoras a pesar de que, aunque se suspenda el proceso de ratificación del pacto, podría haber una aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea. Para la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, la decisión de someter a la Justicia europea este tratado es al menos un «paso necesario que ya se tenía que haber dado». «La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tienen una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es imprescindible», ha concluido. El portavoz de las protestas en Orense, Miguel Gómez, ganadero de Maceda, advierte de que van «a seguir protestando» porque «esto no está ganado» , aunque considera «un gran logro» de la Eurocámara. «Si España no se lanzase a la calle, Francia no podría haberlo conseguido sola; si en Ourense, independientemente de que todo el mundo dijese que no era el momento, si no hubiésemos salido a las calles creo que el resto de España no lo habrían hecho tampoco», ha aventurado. «Hemos demostrado que un pueblo unido puede cambiar muchas cosas que de primeras creemos que son incambiables», ha reivindicado el ganadero orensano. También Unións Agrarias valora «positivamente» la decisión del Parlamento Europeo. «En un acuerdo tan importante como UE-Mercosur, poner el proceso bajo control jurídico no solo es razonable, es imprescindible», razona. Y llama a aclarar las dudas jurídicas antes de seguir adelante con un acuerdo de este alcance, lo cual considera que «no es poner palos en las ruedas, sino actuar con responsabilidad». «La seguridad jurídica es una garantía para todos, no un obstáculo», apostillan desde la organización. «Nuestro objetivo es claro», aseguran: «Si este acuerdo acaba avanzando hacia la ratificación, debe hacerlo con garantías reales, con reglas claras y con mecanismos de control efectivos».
