La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha informado al juez que investiga a Begoña Gómez que abonó 113.509,32 euros para el desarrollo del 'software' por el que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunta apropiación indebida. En un escrito, recogido por Europa Press, la UCM pide al magistrado Juan Carlos Peinado que «tenga por cuantificada de forma provisional la responsabilidad civil» en esa cifra. La Complutense, en concreto, solicita que «se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones». La universidad desglosa esa cifra, y explica que 108.765,79 euros fueron exclusivamente al desarrollo del 'software'. El restante se corresponde con el «coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación». En su declaración ante el juez, la esposa de Pedro Sánchez descartó a preguntas de su abogado que se apropiase de las marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva o del 'software' de la cátedra que —según insistió— había sido financiado por empresas, por lo que negó que tuviese ánimo de lucro alguno. Además, Indra también ha remitido al juez Peinado un escrito , al que ha accedido esta agencia de noticias, en el que señala que no ha encontrado «ningún acta levantada» sobre reuniones relacionadas con el 'software'. El instructor requirió a la compañía, y a otras más, que aportaran las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar sobre el desarrollo de la plataforma digital albergada en 'transformatsc.org'. Indra explica que ha realizado una búsqueda en sus sistemas y comunica que «no existe en los sistemas del grupo ningún acta levantada por empleados relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org». «Tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid», agrega. La esposa de Sánchez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Todo ello en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario, también investigado, Juan Carlos Barrabés ; la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigía Gómez en la UCM; la presunta apropiación indebida del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento como asesora en Moncloa de Cristina Álvarez , a su vez imputada y que habría participado en gestiones con varias empresas.
