Resulta revelador seguir, con este trabajo que da continuidad a un análisis publicado a finales de 2025, el rastro del fuerte apoyo financiero que reciben las agencias policiacas de Estados Unidos desde el ámbito corporativo, de la proliferación de penitenciarías privadas, de las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad fronteriza y de los vínculos con el complejo militar-industrial y con el sector de las industrias de alta tecnología. La especulación acompaña y alimenta al aparato represivo.

 Ese entramado es también un sostén de la creciente violencia, la extendida xenofobia y la permanente inculcación y manipulación del miedo a la criminalidad y, más recientemente, de la propensión autoritaria y los malsanos cálculos políticos del presidente Donald Trump. Este ha llegado al punto de bordear límites constitucionales con el reiterado envío de tropas regulares a cumplir misiones que corresponderían a agencias civiles habilitadas para ello y, para más, dirigir esas acciones solamente hacia los estados o localidades cuyas autoridades representen al Partido Demócrata.

Los departamentos de policía  

 Estados Unidos está infestado por distritos de policía militarizados que tienen amplias prerrogativas para decidir quién es una amenaza, qué constituye resistencia y con cuánta dureza pueden tratar a los ciudadanos, a quienes esas agencias tienen la responsabilidad de «servir y proteger».

 Sin embargo, la policía estadounidense ha sido instruida o está habituada a actuar con una libertad casi ilimitada para detener, registrar, interrogar y arrestar a cualquier persona de la que «sospechen». Habitualmente se llega a actuar con desenfreno, incluso, ante situaciones cotidianas tales como conducir un vehículo inusual o con pasajeros que parezcan «sospechosos», tener un coche polvoriento o modificado y evitar el contacto visual o mirar demasiado tiempo a un agente.

 Como resultado, ciudadanos estadounidenses de todas las edades y colores de piel son brutalizados o siguen muriendo a manos de un Gobierno que se considera juez, jurado y ejecutor. Su legado de encarcelamiento masivo, militarización policial y criminalización excesiva continúa y se incrementa.

A nivel nacional, se destinan más de 100 000 millones de dólares anuales a la policía. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, financiar las operaciones y las compensaciones del Departamento de Policía cuesta más de 10 000 millones de dólares al año, es decir, más de lo que el gobierno federal gasta en los centros para el control y la prevención de enfermedades.

 Las oleadas de protestas que en años recientes se produjeron como reacción a repetidos asesinatos policiacos han puesto de relieve la necesidad de desfinanciar los departamentos de policía locales y encontrar alternativas realmente enfocadas en brindar seguridad a la ciudadanía.

El poder tras la seguridad y la represión

 Sin embargo, por sobre sus presupuestos oficiales, hay que considerar el fuerte apoyo financiero que reciben los departamentos de policía desde el ámbito corporativo, más marcados cuando han cobrado fuerza las demandas y movilizaciones contra la brutalidad de los órganos represivos.

Investigar y mapear el poder de los socios corporativos, patrocinadores, donantes y miembros de las juntas directivas de las fundaciones policiales locales, puede ayudar a comprender quién respalda a la policía en su actuar, al complementar los presupuestos policiales, y en su interrelación subalterna y armónica con los poderes económicos.

Grandes financieras como Bank of América, Goldman Sachs, Wells Fargo, BlackRock y otras, sectores corporativos como Coca Cola, Target,
Wallmark, Morgan Hill, Amazon, Chevron, y muchas más empresas y bancos regionales, han donado cientos de miles de dólares o patrocinan fundaciones policiales. También universidades e instituciones de educación superior tienen vínculos con las fundaciones policiales en sus ciudades.

Traspaso de armamento de guerra

Desde 1990, se ha permitido la transferencia de armamento y equipos militares «excedentes» (incluidos tanques y drones) a las agencias policiales locales, principalmente a través del llamado «Programa 1033» del Pentágono que, convenientemente, permiten al Pentágono y a sus contratistas solicitar al Congreso compras de equipos de remplazo, con examen deficiente e intermitente del Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Desde 1997, por esa vía, el Pentágono ha canalizado 8 400 millones de dólares en equipo excedente a unas 8 000 agencias policiales, incluyendo vehículos MRAP (Resistentes a Minas y Protegidos contra Emboscadas) similares a los utilizados en los campos de batalla de Irak y Afganistán, así como vehículos de oruga, lanzagranadas y aeronaves artilladas, además de rifles, municiones, lanzagranadas y dispositivos de visión nocturna.

Como señaló Brian Barrett, en Wired: «La respuesta de las fuerzas del orden locales, incluso durante protestas no violentas, a menudo se ha parecido más a un despliegue de las Fuerzas Armadas»; y NBC News informó que se utilizaron vehículos blindados al menos 29 veces durante las protestas de Black Lives Matter organizadas luego del asesinato de George Floyd, en 2020.

Según informe del Black Agenda Report hubo también un enorme incremento de esas asignaciones durante la Administración Obama, que en 2014 llegó a alcanzar 787 millones de dólares en armamento bélico para los departamentos de policía local.

En muchas comunidades pobres estas fuerzas militarizadas funcionan como ejércitos de ocupación y se ha demostrado que la mera posesión de equipo militar fomenta la cada vez más arraigada «cultura guerrera» que ahora los caracteriza con los equipos de Armas y Tácticas Especiales (SWAT), y que lleva a la policía a ver al resto de la ciudadanía como combatientes enemigos, al uso excesivo de la fuerza contra personas desarmadas y a disparar primero y preguntar después.

El negocio del control fronterizo

El tema migratorio es uno de los temas más polémicos en la actualidad en Estados Unidos, propicio para la demagogia y las posturas populistas que adoptan muchos políticos, y que redundan en la aplicación de las más duras medidas. Desde su arribo el inmigrante enfrenta un ambiente hostil o son poco tomados en cuenta, e incluso muchos estadounidenses no los ven como seres humanos, son víctimas de actos de violencia sin algún programa de gobierno que los proteja medianamente.

Las redadas del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), incrementadas por la administración de Donald Trump, se ejecutan por agentes federales enmascarados, invadiendo lugares públicos y persiguiendo a trabajadores por su color de piel, tipo de
trabajo e idioma, frecuentemente en barrios latinos, donde —sean ciudadanos o inmigrantes legales—, son víctimas de allanamientos, arrestos y tratos degradantes, tratados como criminales únicamente por su origen étnico. En general, la Patrulla Fronteriza tiene arraigadas actitudes xenófobas y un modus operandi violento.

Incluso la gran prensa no ha podido ocultar que a trabajadores indocumentados se les trata con brutalidad, son retenidos en condiciones horrendas en los gulags del ICE y, finalmente, deportados.

La militarización de la frontera ha devenido un negocio particularmente lucrativo. EE. UU. ya gasta más en la aplicación de sus medidas migratorias que en el conjunto al resto de los programas federales de aplicación de la ley, mediante uno de los sistemas e infraestructura tecnológica de vigilancia y patrullaje más sofisticados del mundo.

Cámaras, barreras de hasta nueve metros de altura, vallas peatonales, vigas ancladas al suelo en forma de X, alambradas acuáticas, paneles de acero y obstáculos rellenos de concreto, vigilancia desde helicópteros, aviones teledirigidos, drones de observación, y más de 465 torres con miles sensores e iluminación, inteligencia artificial y 21 000 agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) forman ese tinglado.

Las empresas de vigilancia y seguridad fronteriza están imbricadas o son filiales de los grandes fabricantes de armas, contratistas del Pentágono, las cuales, mediante sus contribuciones a campañas electorales y cabildeo, interaccionan con funcionarios gubernamentales y constituyen la puerta giratoria entre la industria y el Gobierno, un poderoso complejo fronterizo-industrial que es un gran impedimento para una respuesta humanizada a la inmigración.

Muchas empresas del complejo militar-industrial, que se benefician con los contratos y asignaciones federales, que lucran y se enriquecen con las guerras y alimentan los conflictos bélicos, son las mismas que ganan miles de millones de dólares con la militarización policiaca a expensas de no abordar ni resolver problemas con profundas raíces sociales y económicas.