Un juez de Barcelona investiga a un fondo por acoso inmobiliario tras la denuncia de los inquilinos
Los vecinos acusan a Urbe Enginova de degradar a propósito la finca para forzar la salida de arrendatarios y de contratar a una empresa de desokupaciones
Imputan por acoso inmobiliario en un bloque de Lavapiés a varios altos cargos de un fondo buitre
Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que los vecinos de un bloque del barrio del Poble-sec han interpuesto contra el fondo que compró el edificio, Urbe Enginova, y ha citado a declarar como investigado al administrador de la empresa.
La denuncia, interpuesta por 18 vecinos del bloque representados por el Col·lectiu Ronda, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de barri del Poble-sec, acusa al fondo de una “estrategia deliberada de degradación” del edificio para que los vecinos se marchen. En concreto, relatan los vecinos, la empresa pasó 39 días sin reparar el ascensor (hay varios vecinos con movilidad reducida) y ha dejado de prestar servicios de mantenimiento y limpieza.
El fondo, según la denuncia, adquirió el edificio en febrero de 2025, y a partir de entonces los vecinos empezaron a recibir comunicaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados. Algunos arrendatarios ya han recibido las primeras demandas de desahucio, mientras que otros todavía tienen contratos en vigor.
Los vecinos también acusan al fondo de contratar a una empresa de desokupaciones ilegales “para presionar e intimidar a los inquilinos” y acelerar su marcha del edificio.
Uno de los peores episodios incluidos en la denuncia vecinal ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando se estropeó el ascensor de la finca. Los inquilinos solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellos mismos con la empresa de mantenimiento, que envió un presupuesto de 2.000 euros a la propiedad y a los vecinos.
La empresa de ascensores aseguró que la avería se resolvería en 15 días, pero no ocurrió. La propiedad, según los vecinos, solo contestó 35 días después de que el ascensor dejara de funcionar, y alegó que se cambiaba la empresa de mantenimiento, pero los vecinos lo contrastaron y, según su versión, la información resultó ser “falsa”.
En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha citado para el 27 de febrero a dos testigos y al administrador de Urbe Enginova como investigado.
De los 14 pisos que forman parte de la finca, 11 tienen contrato vigente y cinco se encuentran en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento. Uno de los pisos está vacío porque uno de los inquilinos abandonó la vivienda y dos de los contratos de alquiler ya han caducado. “La salud física y mental de los inquilinos se ha visto perjudicada”, asegura el Sindicat en un comunicado.